Andalucía devuelve al Estado la gestión del río Guadalquivir
La Junta cumple con la sentencia del TC al no poder cerrar un acuerdo «satisfactorio» con el Gobierno para participar en su gestión
SEVILLA.Actualizado:Viaje de ida y vuelta. El Guadalquivir, el río que transcurre por cinco provincias andaluzas, volverá a ser gestionado desde hoy mismo en un despacho político de Madrid tras un periplo de dos años y diez meses bajo la tutela del Gobierno andaluz. La Junta de Andalucía acabó ayer por arrojar la toalla ante los inconvenientes de los abogados del Estado para que la administración autónoma asumiera una encomienda de gestión sin garantías sobre el régimen jurídico de los empleados adscritos al río. Esta encomienda de gestión llevaba negociándose desde hace siete meses, cuando varias sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo anularon la transferencia del río a Andalucía. Gobierno y Junta se habían dado 15 días de prórroga para llegar a una fórmula de gestión, plazo que expiraba ayer sin acuerdo.
El Consejo de Ministros aprobó sin pausa el real decreto por el que los medios personales y materiales traspasados a Andalucía el 17 de octubre de 2008 para la gestión del río Guadalquivir se integren de nuevo en la administración general del Estado hoy mismo. En total son 849 empleos, de ellos 193 funcionarios, 427 laborales y 229 vacantes. La competencia estaba valorada en 78 millones de euros. También cambian de titular los bienes inmuebles e instalaciones, la maquinaria, vehículos, las centrales hidroeléctricas y líneas de alta tensión. La Junta asumirá las deudas, derechos y obligaciones contraídas antes de ayer, mientras que el Estado se hará cargo de los contratos en curso de ejecución.
Antes de la notificación del Consejo de Ministros, la consejera de Presidencia y portavoz de la Junta, Mar Moreno, anunciaba que, agotado el plazo de 15 días de la nueva negociación, no había sido posible un acuerdo satisfactorio con el Gobierno central, por lo que la administración autonómica «ha decidido que la competencia del Guadalquivir revierta al cien por cien al Estado». Moreno agradeció el esfuerzo y la voluntad política del Gobierno central. Añadió que su Gobierno está descontento con la solución, pero «satisfecho» de la decisión adoptada.
Acuerdo pacífico
Moreno dijo que la Junta aspiraba a un acuerdo «pacífico y con contenidos sustantivos», según instrucciones de Griñán. No pudo ser. La Junta había pactado el pasado septiembre con Medio Ambiente la gestión de varios embalses y cánones, además de la policía de aguas. Los abogados del Estado no garantizan la legalidad de que trabajadores de la Confederación del Guadalquivir permanecieran como empleados de la Junta cuando dos sentencias del Supremo han anulado su transferencia. Ante el escenario de dificultades jurídicas de los trabajadores, la Junta ha desistido de continuar con una gestión provisional de cinco años, última oferta del Gobierno central. Incluso ha rechazado la policía de aguas, aspecto sin problemas jurídicos.
El Tribunal Constitucional anuló previamente a las sentencias del Supremo el artículo del Estatuto de Autonomía que reconoce la competencia andaluza sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren por la Comunidad. Este artículo fue recurrido al Constitucional por las comunidades de Extremadura y Castilla La Mancha, por las que transcurre parte de la cuenca del río. Las sentencias recuerdan que la Constitución avala la unidad de cuenca de ríos que discurren por diferentes autonomías.
La sentencia del Constitucional fue el detonante del embrollo en el que la Junta se ve ahora envuelta para devolver la gestión del Guadalquivir, una de las viejas reivindicaciones autonómicas. La devolución histórica (es la primera de tal calado en la España de las autonomías) se produce justo cuando se celebra el 30 aniversario del referéndum del primer Estatuto de Autonomía.
El último cartucho
El revés político fue criticado por el PP e IU, que piden una explicación en el Parlamento, y por los sindicatos UGT y CC OO. Sin embargo, organizaciones ecologistas, comunidades de regantes y agrícolas, salvo UPO, celebraron la noticia.
La Junta no renuncia al último cartucho, el de la vía política. Todos los partidos han apoyado desde el Parlamento una proposición de ley para que el Estado delegue a Andalucía las competencias según el artículo 150.2 de la Constitución. Esta norma deberá ser aprobada por el Congreso que salga del 20N y por el próximo Gobierno.