La Junta renuncia al Guadalquivir, que revierte al Estado

Decisión histórica. El Gobierno andaluz ha decidido arrojar la toalla y devolver al Estado "al cien por cien" todas las competencias del río Guadalquivir. La portavoz de la Junta, Mar Moreno, ha admitido este mediodía que, agotado el plazo de 15 días de la nueva negociación, no ha sido posible un acuerdo satisfactorio con el Gobierno central, por lo que la administración autonómica "ha decidido que la competencia del Guadalquivir revierta al cien por cien al Estado". Los escollos insalvables de carácter jurídico se centran en el personal. Más de 600 empleados vinculados al Guadalquivir dejarán de ser desde mañana empleados de la Junta y volverán bajo el patrón del Estado. Se trata de la primera competencia de gran calado transferida a una comunidad autónoma que revierte al Estado, según ha precisado Mar Moreno. Está previsto que el Consejo de Ministros de hoy apruebe la reversión.

El origen de esta decisión está en la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de marzo anulando el artículo 52 del Estatuto de Andalucía que otorgaba la competencia exclusiva de las aguas del Guadalquivir que pasan por Andalucía. Estas competencias se transfirieron a Andalucía en enero de 2008, en cumplimiento del Estatuto refrendado en 2007. A partir del pasado marzo, Junta y Gobierno central acordaron una encomienda de gestión provisional mediante la cual el Estado delegaba competencias en la administración autonómica hasta que ambas partes resolvieran una fórmula por la que Andalucía pudiera seguir compartiendo decisiones sobre el Guadalquivir. Pasado este tiempo, la comisión mixta de transferencias se topó con recelos de los servicios jurídicos del Estado, que finalmente se han mantenido en las dos semanas de prórroga que ambas administraciones se dieron para lograr un acuerdo.

Andalucía dejará desde mañana de gestionar el Guadalquivir, una competencia compensada este ejercicio por el Estado con 78 millones de euros. La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha hecho hincapié en que pese a la voluntad política de ambas partes y el esfuerzo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, los escollos sobre el régimen y seguridad jurídica del personal en la encomienda de gestión planteada han hecho imposible una alternativa satisfactoria para Andalucía. Moreno ha dicho que el acuerdo tenía que ser "pacífico y con contenidos sustantivos", según instrucciones de Grilñán. Como no podía ser así, se ha optado por renunciar incluso a la gestión de la policía de aguas, cuestión para la que no había inconvenientes jurídicos.

Moreno ha dicho que el Gobierno andaluz está descontento con la solución, pero "satisfecho" de la decisión que se ha adoptado.

La Junta no pierde la esperanza de volver a gestionar el Guadalquivir por la vía política. Como se recordará, el Parlamento andaluz aprobó el pasado mes una proposición de ley para tramitar en el Congreso de los Diputados por la que se insta al Estado a delegar las competencias del río mediante el artículo 150.2 de la Constitución. El Congreso no decidirá sobre esta petición hasta después de las elecciones, con un nuevo gobierno en La Moncloa.

Moreno ha dado a conocer que Griñán llamó esta mañana a los portavoces de la oposición, Javier Arenas (PP) y Diego Valderas (IU) para comunicarles la decisión adoptada. Ambas formaciones apoyaron la transferencia recogida en el Estatuto de Autonomía.

Poco antes de conocer la noticia, el presidente del PP-A, Javier Arenas, había criticado en un acto en Jerez de la Frontera la "desastrosa gestión" de la política del agua en Andalucía, por lo que pide un "cambio radical" de la misma, reivindicando que se despolitice y se profesionalice, según informa Europa Press. El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha criticado que el Gobierno central "dé la espalda" a la comunidad autónoma andaluza, en relación a la gestión del río Guadalquivir , así como también que el Gobierno andaluz haga "dejación de funciones" al no defender "adecuadamente" el Estatuto de Autonomía de Andalucía, mostrando su "incapacidad y mala gestión" ante el Gobierno, según tambien Europa Press.