Diputación pedirá compensación para Rota, San Fernando y Barbate

Poco entendimiento hubo ayer entre los diputados de la corporación provincial. Tan sólo cuatro puntos de los 24 que se debatieron contaron con el respaldo de todos los partidos, a excepción del PA cuyo diputado se ausentó por la celebración de un pleno extraordinario en Puerto Real. Una de estas propuestas que se aprobaron por unanimidad, no por ello sin polémica, fue la iniciativa presentada por el Partido Socialista para pedir al Gobierno Central una compensación por la servidumbre militar que padecen los municipios de Rota, San Fernando y Barbate. Momentos antes de que comenzara el pleno, el alcalde barbateño, Rafael Quirós, reivindicó la necesidad de aprobar esta moción «porque las expropiaciones militares son un freno para el desarrollo económico y social de los pueblos y sólo pedimos lo que nos pertenece». En esta misma línea de pronunció la diputada socialista Irene García quien señaló que la partida que recibían estas localidades de 500.000 euros se redujo en 2009 a 250.000 euros y en este 2011 ni siquiera aparecieron en los presupuestos, «y lo pedimos esté quién esté en el gobierno». El debate no se centró en la necesidad o no de compensar a estos municipios. Desde Izquierda Unidad, su diputado Pedro Romero intentó trasladar el debate al papel que cumple España dentro de la OTAN, algo que Loaiza atajó casi de inmediato. Por su parte, PP y PSOE se enzarzaron en una discusión acerca del interés electoral que podría tener una iniciativa de este tipo. Desde el PP, José Loaiza vio la moción como una patata caliente para el próximo gobierno nacional «y todos sabemos quien va a gobernar», apuntó. Finalmente, sin estar de acuerdos en las formas pero sí en el fondo, se aprobó por unanimidad pedir al Gobierno Central que en el presupuesto de 2012 vuelva a aparecer una partida económica de compensación de la servidumbre militar, que esta partida no sea entendida como una subvención sino como una compensación y que se abone lo que se ha dejado de pagar en este 2011.

Un crédito de 4,7 millones

Otro de los puntos que vio ayer la luz verde por parte del gobierno de la Diputación Provincial fue la aprobación de la solicitud de un préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un valor de 4,7 millones y cuyo debate terminó siendo el estado de las cuentas de la Diputación antes del 22 de mayo y después de él. El diputado popular Juan Antonio Liaño explicó que este préstamo solventará el pago de suministros, obras y servicios certificados con anterioridad al 30 de abril de 2011. El crédito se amortizará en tres años al 6,5 % de interés. Desde el PSOE, José María Román aseguró no entender que un día antes el presidente de la Diputación asegurar que se estaban pagando a los proveedores con un retraso sólo de 90 días y por otra se pida un crédito para saldar las deudas con las pequeñas y medianas empresas. Y en el caso de que el balance de las cuentas fuera tan negativo «¿por qué sólo piden 4,7 millones de euros de los 30 que pueden solicitar». Un debate que sentenció el presidente de la corporación, José Loaiza, al pedirle a Román que «no confunda churras con merinas». Al margen de debates, el Pleno aprobó ayer modificar la plantilla actual de la Diputación para adaptarla a la nueva estructura organizativa. «Se han reducido las áreas de gestión de 16 a 6 por lo que también es necesario reducir el número de cargos de directores generales».

Además, el Partido Popular sacó adelante una moción para que tanto la Junta como el Gobierno Central reconozcan el papel y la función que cumplen las administraciones como gobiernos que contribuyen a la vertebración territorial y velan por la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos.