La joven que iba a ser desahuciada podrá estar un mes más en su casa

El desahucio previsto para la mañana de ayer en la calle Carlos V de Chiclana se pospone treinta días. Ese es el plazo dado por el juzgado a Yolanda Maestre, la joven en trámites de divorcio y con tres hijos pequeños que debía abandonar su vivienda por orden judicial.

Un grupo de miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y de la Asociación de Parados de la localidad, así como vecinos y curiosos, se dieron cita desde primera hora en el domicilio de la joven para darle su apoyo.

Tras ausentarse de su inmueble por espacio de varias horas, la chica confirmaba a mediodía de ayer que hace unos días había recibido la comunicación oficial de esta prórroga que paralizaba la orden de desahucio, lo que le permitirá seguir viviendo en su casa mientras busca un alquiler para marcharse y termina de recoger sus enseres.

La nueva fecha tope para salir de la vivienda es el 30 de noviembre. Yolanda pretende alquilar un piso, pero criticó ayer las enormes trabas que está encontrando para poder formalizar un contrato al estar desempleada y no tener nómina.

Hay que recordar que se trata del segundo desahucio pospuesto en menos de dos semanas en Chiclana. La orden de abandonar la casa le llega a Yolanda Maestre hace un par de meses, después de acumular una deuda por impago de su hipoteca de más de dos años.

La joven chiclanera formalizó hace unos años un contrato de compra-venta de su vivienda por valor de unos 130.000 euros con la entidad financiera Banco de Andalucía. Con una letra de 800 euros mensuales, y en paro, la joven no puede hacer frente a este pago desde, y el banco le ha embargado la vivienda y cargado con una deuda por los gastos de procuradores y el procedimiento que superan los 20.000 euros. La nueva fecha límite para abandonar su casa que tiene esta joven y sus tres hijos es el próximo 30 de noviembre.

En el desahucio de ayer también estuvo arropando a la chica Manuel Aragón, el chiclanero que se encuentra en una situación similar, y cuyo plazo extraordinario de 30 días dado también por un recurso judicial finaliza el próximo día 4 de noviembre. En este caso la situación es más compleja. El banco, Banca March, se ha quedado formalmente ya con el inmueble, pero le reclama casi 40.000 euros en concepto de gastos al inquilino, que afronta los últimos días con «pocas esperanzas de solución».

Ambos casos son solo la punta del iceberg. Tanto Yolanda como Manuel piden a quienes pasen por situaciones similares a las suyas que «actúen rápido», y no dejen pasar los plazos y el tiempo hasta que el banco ejecute el embargo y sea «demasiado tarde». Desde las entidades sociales de la ciudad se reclama una solución para un problemas que afectará en los próximos meses a más familias. «No hay derecho a esto. Reclamamos la dación en pago», explican.