El PP recibe en Diputación «la herencia envenenada» de 230 millones de deuda

Una «herencia envenenada» es lo que asegura haber encontrado José Loaiza en las cuentas de Diputación 100 días después de su nombramiento como presidente de la administración provincial. Una herencia que trae consigo el endeudamiento de 230 millones de euros y una factura sin cobrar al gobierno autonómico y general de 33 millones de euros (10 y 23 millones respectivamente). «La situación no es como la vendieron», explicó ayer Loaiza, tras un análisis exhaustivo del estado de las arcas provinciales. De hecho, la Diputación arrastra una deuda de tesorería a corto plazo de 25 millones de euros, una deuda bancaria que supera los 205 millones de euros y ya se han constatado 650.000 euros de facturas sin consignar a falta de concretar el importe. Loaiza aseguró que «pese a los esfuerzos que estamos haciendo» a final de año «cerraremos con déficit ya que de los 316 millones de euros presupuestados, sólo se han ejecutado 78, frente a los 178 millones de euros ya contabilizados en el presupuesto de gastos. A esto hay que sumar la devolución de 58 millones de euros al Estado en concepto de liquidación de los anticipos a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de los años 2008 y 2009.

El descuadre en las cuentas es algo que ya se esperaban en el Partido Popular pero lo que no se esperaban era encontrar alquileres de garajes en diversos pueblos de la provincia donde «dormían los coches asignados a los diputados» en lugar de hacerlo en el parque móvil de la Diputación. José Loaiza pasó de puntillas sobre este tema, solo lo mencionó como uno de las medidas tomadas para reducir gastos de la entidad y sólo aclaró un poco más la situación a preguntas de los periodistas. Junto a él, la vicepresidenta Mercedes Colombo contuvo las ganas de explayarse más en la explicación. Loaiza denunció que habían encontrado facturas de alquiler de garajes en localidades como El Bosque y Sanlúcar donde los diputados dejaban sus coches asignados, unos alquileres que con el nuevo gobierno han quedado anulados ya que no habrá ningún coche asignado a un político en concreto, «estarán disponibles para todos y todos los vehículos volverán al parque móvil», explicó y sentenció el tema.

Pero éste no fue el único caso de malgasto de dinero al que se refirió Loaiza. En este sentido, ratificó la supresión de la Oficina del Bicentenario que calificó como «desastre económico» cuyo único fin era «que Federico Pérez Peralta y Marta Meléndez pudiesen hacer oposición a Teófila Martínez». Una acción que deja tras de sí un gasto de dos millones de euros y más de 100.000 euros en facturas sin consignar.

El presidente de Diputación no sólo valoró el estado de la entidad después de 100 días de análisis, también analizó las primeras iniciativas bajo el mandato de Loaiza. Así destacó la reunión del Consejo Económico y Social de la Provincia que trató en otros temas el desarrollo del Parque industrial de las Aletas. Además, se refirió a la puesta en marcha de algunas propuestas para la reactivación económica de la provincia como el destino de casi tres millones de euros a iniciativas para mejorar espacios industriales y comerciales, en coordinación con las organizaciones empresariales. En esta línea avanzó la elaboración de un plan de apoyo específico, con un presupuesto que rondarían los 6 millones de euros y cuyo destinatarios serían autónomos y emprendedores. En cuanto a los proveedores, el popular avanzó que hoy debatirán en el pleno una moción para solicitar una línea de crédito al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para enjugar la deuda con proveedores.

En defensa de la Diputación

José Loaiza volvió ayer a salir en defensa de las diputaciones provinciales. «No sobran», aseguró y puso como ejemplo las últimas intervenciones que ha tenido la administración provincial como la remodelación de la plaza de España de Arcos por motivos de seguridad y su actuación para evitar el desahucio de una familia de Villamartín. Loaiza defendió ayer una vez más la necesidad de reformar el servicio de asistencia a municipios que garantice la cobertura a los vecinos de localidades con menos de 20.000 habitantes. Así, recordó que el Plan de Fomento del Empleo Agrario, con más de 1.700 contratos realizados entre los meses de agosto y octubre, está obteniendo mejores resultados que durante los mismos meses del año anterior, con cerca de 400 contratos más. Por último, destacó el papel que cumple el servicio de recaudación que, actualmente, tiene encomendada la gestión tributaria en 43 municipios de la provincia. Su mediación, explicó permite a los ayuntamientos obtener liquidez. Un servicio y un cauce ante las entidades financieras que se abre a todos los consistorios, «sea cual sea su color político».