La plantilla de los autobuses radicalizará sus protestas por el «inmovilismo» municipal

Ni un céntimo más se ha ingresado en la cuenta de los trabajadores de la empresa concesionaria de los autobuses, Urbanos Amarillos, y en la décima semana de huelga no solo continúan los impagos a la plantilla, sino que «el servicio público languidece poco a poco sin que nadie haga nada y sin visos de que vaya a haber una solución», tal como explicaba ayer el secretario del comité de empresa, Juan González.

En esta tesitura, con los ánimos cada vez más «caldeados» entre los empleados y los usuarios, que hoy por la tarde participarán junto a la plantilla de Urbanos Amarillos en una manifestación para reclamar soluciones urgentes en defensa de un servicio público obligatorio e indispensable, el comité de empresa de la concesionaria se reunió ayer para poner sobre la mesa un nuevo paquete de movilizaciones que los trabajadores secundarán en paralelo a la huelga indefinida que se alarga desde el día 8 de agosto y que sin duda subirán varios enteros el nivel de las protestas.

Como informaba ayer González, «solo nos han dejado la opción de recrudecer las protestas y radicalizar acciones, de ser más contundentes, porque tras varios meses de huelga estamos igual que al principio». Será la próxima semana cuando se ponga en marcha este nuevo escenario de actuaciones, que antes deberá ser ratificado por los trabajadores del transporte público en una asamblea que iba a tener lugar hoy mismo a primera hora de la mañana. Sobre la mesa habrá tres propuestas que los representantes sindicales aún no han querido dar a conocer hasta que reciban el visto bueno de los empleados afectados.

La última gota que ha colmado el vaso de la paciencia de esta plantilla ha sido la confirmación de que la concesionaria del servicio ya no va a abonar más nóminas, pese a que está pendiente el sueldo del mes de septiembre para la totalidad de los trabajadores y también el de agosto a la mitad, una decisión que ha sido criticada desde el comité porque «lo único que se busca es dividir a los trabajadores». «Dicen que no hay ya un duro, que han agotado el aval que se había liberado para poder pagar los salarios -y que ascendía a 1,5 millones-, y nadie se responsabiliza de la situación: ni la empresa, que lo que va a intentar ahora es pedir que se libere más dinero, ni el Ayuntamiento, que dice que ya ha hecho todo lo que podía y que sigue sin asumir que son ellos los que tienen que garantizar que este servicio se preste en las mejores condiciones», señalaba ayer el secretario del comité.

A este respecto, los representantes de la plantilla reprocharon el «inmovilismo» del ejecutivo municipal que «no coge el toro por los cuernos para solucionar este conflicto, y al que se le acaban las opciones porque no hay empresas interesadas en venir a tomar las riendas que ahora están en manos de Urbanos Amarillos», apuntaban en referencia a la marcha atrás de la compañía Alsa para hacerse cargo de este servicio.

Por su parte, a la empresa le recriminan que su postura no sea la de «abrir el diálogo, sino la de dejar morir poco a poco el servicio». «Cada día que pasa se complica la cuestión y se aleja la posibilidad de que Jerez cuente con un transporte público de calidad», finalizaron.

«Hartos de mentiras»

También expresaron ayer su descontento con esta situación los ciudadanos de Jerez a través de las declaraciones del presidente de la federación de asociaciones de vecinos Solidaridad, Sebastián Peña. Así, el portavoz de este colectivo quiso poner de relieve que «los grandes damnificados por este conflicto son los usuarios, que llevan dos meses sin un medio de transporte», por lo que instó a empresa y Ayuntamiento a buscar soluciones primero para que se pague a la plantilla y finalicen los paros, y después para que el municipio cuente con el mejor servicio.

En este punto, Peña fue ayer muy crítico y denunció los incumplimientos por parte de Urbanos Amarillos, un reproche que personalizó en el gerente de la concesionaria, Ángel Escrivá. Según narraba, «el día 21 de septiembre se reunió con Solidaridad y llegó a unos compromisos que no han cumplido, empezando por los pagos de los salarios». «Estamos hartos de mentiras y falsas promesas; nosotros hemos estado callados dando un margen de confianza, pero desde la empresa no han dado ningún paso», recalcó.