El Parlamento aprueba la Ley de Cajas que limita el sueldo a sus directivos

El Parlamento aprobó ayer con el voto socialista la nueva Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía, adaptada a la ley estatal (LORCA), y cuya novedad en Andalucía estriba en que limita el sueldo a los directivos de las entidades de ahorro y hace incompatible el cargo político electo con un puesto en los consejos de administración. PP e IU votaron en contra de la ley pese a estar de acuerdo con estas dos medidas.

La ley establece que los directivos solo podrán cobrar un sueldo que no podrá superar el del presidente de la Junta de Andalucía (68.981 euros anuales). Tampoco podrán percibir dietas o indemnizaciones millonarias por el cese del cargo, extremo este último ya legislado en Andalucía desde 1999.

Pero la norma se aprueba cuando ya todas las entidades andaluzas están inmersas en procesos de fusiones frías, es decir, con su negocio financiero en manos de bancos fuera del ámbito competencial de la Junta. Podría darse entonces que un presidente o alto cargo de una caja andaluza sea también directivo del banco o sip (sistemas institucionales de protección) en el que se incluye. En este caso podría cobrar más que el presidente andaluz si opta por el sueldo del banco. La ley impide que cobre dos.

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, recordó que el objetivo de la ley es fortalecer a las cajas para que den crédito a la economía productiva. En este sentido, Ávila anunció que la Junta librará 70 millones de euros para el Fondo para la Reestructuración de Empresa, que incluye la ley, destinado a empresas con problemas de liquidez.

La ley también prevé que las cajas foráneas con oficinas en Andalucía entreguen parte de sus beneficios para obra social.

Antonio Ávila criticó al PP por no apoyar la norma andaluza, que sí tuvo consenso de los dos grandes partidos en la estatal. Según el consejero, el PP se opone al fondo de reestructuración y a que cooperativistas y consumidores tengan representación en las entidades, donde disminuye el de los poderes públicos.

Críticas

El consejero de Economía también sacó a colación un asunto en boga, el de las indemnizaciones a cargos de las cajas. «Si hubieran hecho lo mismo q ue nosotros desde 1999 no se habrían dado los casos polémicos de Valencia y Galicia», dijo señalando de esa responsabilidad a los gobernantes del PP de dichas comunidades.

El portavoz del PP, Carlos Rojas, se lamentó del rechazo socialista a sus 20 enmiendas, defendió a más profesionales y menos políticos en las cajas y dijo que la norma «destila intervencionismo por los cuatro costados».

Para Izquierda Unida, es lo contrario, se ha perdido la ocasión de «una banca pública en condiciones», según el diputado José Manuel Mariscal.