Los diputados catalanes y los concejales de Barcelona renuncian a una paga

Los ajuste salariales se extienden por todas las administraciones públicas catalanas. Primero fueron los consejeros de la Generalitat y los 350 altos cargos del Govern los que renunciaron a la paga de Navidad, y ahora se aprietan el cinturón a los diputados autonómicos y los concejales de Barcelona.

El Parlament catalán anunció ayer que sus 135 parlamentarios cobrarán una paga menos en 2012. El objetivo es ofrecer una imagen de ahorro y austeridad para que los ciudadanos entiendan que no solo ellos pagan los platos de la crisis con los recortes sociales. Por ello, los diputados dejarán de ingresar unos 5.500 euros anuales cada uno porque tendrán 13 mensualidades en vez de las 14catorce actuales. Este ajuste, que se suma a la congelación salarial que sufrieron en 2008 y a la bajada entre el 8 y el 15% al principio de la legislatura, supondrá un ahorro de 753.000 euros. Un gesto más que un ahorro real para el Parlament, que rebajó sus cuentas un 9% al principio de mandato y acometerá una reducción de lo que perciben los grupos parlamentarios en asesores y disminuirá su flota de vehículos de 16 a 5.

Los ajustes también llegan al ayuntamiento de Barcelona, donde los concejales y los altos cargos, en torno a los 80, se quedarán este año sin la extra de Navidad. La medida la tomó ayer el Ayuntamiento de Barcelona, que destinará el ahorro, aún no cuantificado, a fines sociales. El consistorio decidió instar a otros municipios y diputaciones catalanas a aplicar criterios similares.

Medidas ejemplares

Se trata de dos nuevas medidas que buscan dar ejemplo a una ciudadanía que, según las encuestas, empieza a interiorizar la necesidad de los ajustes. «Los recortes han calado entre la gente», afirmó Jordi Argelaguet, director del Centro de Estudios de Opinión, el equivalente catalán al CIS. Hasta el punto que el último barómetro del CEO concluye que los catalanes prefieren meter la tijera en el gasto público antes que pagar más impuestos. En concreto, el estudio del organismo dependiente de la Generalitat señala que para equilibrar los presupuestos públicos el 42% de los catalanes se muestra partidario de los recortes, frente al 35% que prefieren subir la fiscalidad.

Estas cifras contrastan con las que se dan a nivel nacional. Según el barómetro del CIS de septiembre, el 41% de los españoles consideran preferible «gastar más en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque eso signifique pagar más impuestos», dos puntos por encima de los que creen, por el contrario, que es mejor bajar la carga fiscal aunque ello implique recortes enel gasto social.

«Constatamos que en Cataluña hay un gran sentido de la responsabilidad, incluso de los que protestan», interpretó el Govern, que ayer presentó su propuesta de pacto fiscal como solución de los problemas financieros de Cataluña. Sin embargo, y a pesar de la comprensión ciudadana, la Generalitat no sale indemne de la política del tijeretazo. Y es que el mismo informe del CEO relata que si mañana se celebrasen elecciones autonómicas en Cataluña, el 25% de la gente votaría a CiU, mientras que a principios de año la cifra era del 34%. Dicho de otra forma, los nacionalistas se ha dejado nueve puntos de intención de voto por culpa de los recortes.