El Ayuntamiento se desvincula de las sanciones urbanísticas

El actual equipo de gobierno del Partido Popular no quiere pagar el pato de años de dejación urbanística en Chiclana, ni las consecuencias sociales del colapso económico al que se enfrentan quienes obviaron la ley a la hora de edificar su vivienda.

Así, en la jornada de ayer, el delegado de Urbanismo, Andrés Núñez, dejó claro que «no es el Consistorio local quien determina la tipología ni la cuantía de las sanciones urbanísticas, algo que hace la Junta de Andalucía, según queda recogido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)».

Núñez avisaba a navegantes, toda vez que, como recogía este medio en su edición de ayer, la Asociación de Afectados por las Sanciones Urbanísticas creada recientemente en la localidad, tiene previsto llevar a cabo el próximo martes una manifestación a las puertas del Ayuntamiento para reclamar que se paren las sanciones.

Con casi 2.000 multas incoadas sobre propietarios de casas sin licencia de todo el extrarradio, Chiclana volverá a ser en unos días portada mediática por las viviendas ilegales.

Un problema de orden legal tiene visos de volver a convertirse en una cuestión de orden social, ya que los propietarios están decididos a que el Ayuntamiento interceda en la situación para evitar «sanciones dantescas a familias humildes».

Desde el gobierno municipal se puntualiza. «Nosotros no tenemos competencia para paralizar ningún expediente sancionador que en estos momentos se esté ejecutando, ya que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no concede a los ayuntamientos ningún margen de actuación, y simplemente les reserva la realización del control urbanístico y el inicio de los expedientes sancionadores», explican.

El edil de Urbanismo recuerda que «cualquier maniobra en otro sentido podría hacernos incurrir en un delito», y ponía como ejemplo el proceso judicial abierto contra exconcejales del Ayuntamiento de Sanlúcar, a los que el Tribunal de Cuentas responsabiliza de haber condonado multas a ciudadanos particulares que habían cometido infracciones urbanísticas, reclamándoles a estos el importe de dichas sanciones.

«Queda claro que el Ayuntamiento no tiene potestad ninguna para paralizar los expedientes sancionadores, ni perdonar la sanción, ni disminuir su cuantía, por tanto no es al organismo al que ha de dirigirse esta asociación», ha recalcado el delegado de Urbanismo.

La protesta del próximo martes es una nueva señal de que el problema de las viviendas ilegales y su regularización sigue latente y no se ha resuelto. Algunas de las sanciones económicas incoadas llevan aparejadas incluso una orden de derribo que deberá ejecutarse tal y como marca la legislación.