La Audiencia 'resucita' el sumario de los españoles desaparecidos en Argentina
El juez Ruz, tras seis años de inactividad sumarial, ordena a Exteriores entregar los informes secretos sobre los secuestrados
MADRID. Actualizado: GuardarEl sumario 19/97 que hace tres décadas abrió en la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha resucitado. El primer proceso en España por genocidio y crímenes de lesa humanidad ha vuelto a la vida de la mano del nuevo instructor del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, tras años de olvido. El sustituto de Garzón, a petición de la acusación de IU y de los familiares de las víctimas de la dictadura que sojuzgó Argentina entre 1976 y 1983, aceptó hace diez días continuar la investigación sobre el paradero de varios centenares de ciudadanos españoles que desaparecieron a manos de las juntas militares.
La decisión de Ruz es el primer movimiento de ese histórico sumario desde que en abril de 2005 la Audiencia Nacional condenara al exmilitar Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel por delitos de lesa humanidad tras considerar probado que participó en los denominados 'vuelos de la muerte' y que fue responsable de la muerte de, al menos, 30 personas.
En su primer auto en esta causa, el nuevo instructor da luz verde a una de las diligencias más polémicas. El pasado 29 de septiembre Pablo Ruz, con el informe favorable de la Fiscalía, ordenó al Ministerio de Exteriores y a la Embajada española en Buenos Aires que entreguen a la Audiencia Nacional los documentos secretos sobre españoles secuestrados que desde hace 35 años están depositados en la legación diplomática. Se trata de unos archivos a los que jamás han tenido acceso ni los familiares de las víctimas ni siquiera la los expertos del Archivo Nacional de la Memoria, el órgano del Ministerio de Justicia argentino que investiga las desapariciones.
El juez considera clave conocer esos documentos, denominados «legajos desaparecidos 1970-1980». Según las acusaciones, en esos 'papeles' deberían figurar todas las denuncias que durante años hicieron los familiares de españoles y de descendientes de españoles ante la embajada, como último recurso tras la desaparición de sus allegados y ante el silencio de las autoridades argentinas. También habría informaciones sobre otras personas que no eran españolas, pero cuyos familiares pidieron mediación a los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. Unas gestiones que, tal y como reconoció el propio Gobierno en un informe reclamado por el Parlamento en 1997, sirvieron de muy poco, a pesar de que la Embajada periódicamente formulaba quejas y denuncias ante las juntas militares, que siempre daban la callada como única respuesta.
Ruz y las acusaciones esperan que esos legajos puedan aclarar exactamente la envergadura de la investigación en marcha porque, a pesar de los años desde que se abriera este sumario, todavía se desconoce hasta dónde llegó la matanza de ciudadanos españoles a manos de la dictadura.
Los datos que hasta ahora obran en la causa son muy divergentes y varían entre unas pocas decenas de víctimas hasta varios centenares. Según el informe de investigación que elaboró el Senado español en 1983, aunque la Cámara Baja recibió centenares de denuncias, solo pudo acreditar que 35 de los desaparecidos tenían la nacionalidad y que otras 174 personas secuestradas y asesinadas eran hijos, nietos o cónyuges de españoles.
Nuevos casos
No obstante, el sumario de la Audiencia Nacional, oficialmente, investiga la supuesta desaparición de 600 españoles, después de que en la década de los noventa se incorporaran en la Audiencia Nacional nuevas denuncias y nuevos casos extraídos de los informes de las comisiones de investigación argentinas. El número, sin embargo, podría ser aún mayor: el listado de la 'Unidad Especial de Investigación sobre Españoles Desaparecidos' del Ministerio de Justicia argentino eleva la cifra hasta 758.
Las acusaciones, que vienen reclamando esta documentación desde 1997, aseguran que la negativa del Gobierno a facilitar esos misteriosos legajos, además de retrasar el proceso, ha dejado a decenas de familiares de españoles sin la posibilidad de acceder a ayudas en Argentina, al no poder acreditar la desaparición de sus allegados.