Absueltos cuatro acusados del 'caso Estela' porque las escuchas no valen

Una sentencia vuelve a tirar por tierra el trabajo policial realizado, en este caso, por la Guardia Civil en una de las grandes operaciones antidroga que se desarrollaron a principios de la década pasada y que tuvieron como principal elemento en común el juez que las impulsó, el titular del juzgado nº 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena. La 'operación Estela' fue uno de esos operativos que sumaron decenas de detenidos y que fue la continuación de otras igualmente espectaculares y llamativas como los casos Semilla o Manzanilla. Ocho años después del arresto de 41 personas y la incautación de 9.000 kilos de hachís, la Audiencia Provincial acaba de dictar una sentencia absolutoria para los cuatro procesados.

El tribunal de la Sección Primera considera que no está probada la participación de los acusados en un alijo de 1.194 kilos que intervino la Guardia Civil en la Sierra del Retín (Barbate). Y lo entienden así los magistrados después de anular el contenido de las intervenciones telefónicas que situaba a los procesados en la organización de ese transporte. Sin esa prueba, el castillo probatorio que podrían esgrimir las acusaciones se caía por completo ya que fueron las informaciones obtenidas a través de esos pinchazos las que sirvieron para ordenar las detenciones y los registros domiciliarios. También gracias a ese seguimiento telefónico, los agentes supieron que se iba a producir un alijo el 7 de abril de 2003 y lo abortaron.

Pero este caso no solo se quedó huérfano de pruebas sino también de acusaciones. El pasado 31 de mayo, el Ayuntamiento de Barbate desistía de seguir en el procedimiento; y lo más llamativo, el fiscal que asumió la acusación pública en la vista oral se sumó a las peticiones de las defensas y solicitó también la nulidad de las intervenciones. De los tres motivos que expuso a los magistrados para tumbar ese material probatorio, vital para la consecución de una condena, le aceptaron uno de ellos: los autos que firmó en su día el juez instructor para autorizar el pinchazo de los teléfonos de los principales acusados en la operación no estaban bien motivados. No había suficientes indicios para lesionar un derecho fundamental como es el secreto de las comunicaciones.

La sentencia es muy crítica con la labor policial al asegurar que el oficio que presentaron al juez solicitando las intervenciones telefónicas carecía de «datos suficientes, verdaderamente aprehensibles para fundar las sospechas que se afirman». Pero los magistrados no son los únicos que cuestionan el trabajo de la Guardia Civil en este asunto. El fiscal Álvaro Conde, que actuó en este juicio, también realizó los mismos reproches y presentó una serie de pruebas que confirmarían que los agentes trabajaron con datos erróneos.

Esta postura mantenida por el representante del Ministerio Público, el cual no está adscrito a la sección antidroga, rompe con la directriz que ha llevado a cabo la Fiscalía de Cádiz en estos asuntos de narcotráfico amenazados por la sombra de la nulidad. Desde que asumiera su cargo en 2005, la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, siempre ha defendido públicamente mantener la acusación en todos los procedimientos y defender la validez de las intervenciones telefónicas para impedir absoluciones escandalosas. Un posicionamiento que no se ha cumplido en este caso. Sin embargo en las otras dos piezas del 'caso Estela' que ya se han enjuiciado en Cádiz se han resuelto con sendas condenas a dos procesados; si bien en ninguno de estos juicios se utilizaron las escuchas como prueba.

De los cuatro procesados absueltos destaca un barbateño, conocido por el alias de Zuco o Kiko, que fue apresado nuevamente en 2007 en la 'operación Castilnovo' . Le intervinieron un patrimonio muy ostentoso conformado por negocios y un chalé espectacular en el centro de Barbate. Los cuerpos policiales lo consideran uno de los grandes capos. De este asunto sigue a la espera de juicio.