Austeridad y empleo
Ninguna administración española tiene un superávit que le permita evitar los recortes
Actualizado:El incremento del paro registrado durante el mes de septiembre en 95.817 personas más obligó ayer al Gobierno a reconocer que no se cumplirán sus previsiones de empleo para 2011, apuntando que el último trimestre del año puede resultar especialmente negativo a este respecto. A la pérdida de los puestos de trabajo generados durante la campaña de verano y a la incorporación al mercado de trabajo de quienes aspiran a su primer empleo se le han sumado los efectos de los ajustes presupuestarios que han aplicado las distintas administraciones. Esto último suscitó ayer una crítica directa de los responsables del Gobierno hacia aquellas comunidades autónomas que han procedido a recortes más drásticos en sus plantillas, en línea sin duda con la revisión de las políticas de austeridad sugerida por el candidato Rubalcaba. En estos momentos resulta imposible alcanzar un punto de equilibrio que por una parte garantice la consolidación fiscal y por la otra permita al erario mantener un nivel de gasto y contrataciones públicas que contribuya a la reactivación económica. Tal cuadratura del círculo es especialmente inimaginable para algunos gobiernos autonómicos y ayuntamientos que ven cómo sus problemas ya son de liquidez. Los miembros del Ecofin abordaron ayer la cuestión de hasta qué punto algunos socios, como Alemania o Finlandia, podrían estar en condiciones de tirar de la demanda y estimular el crecimiento. Pero ninguna administración española cuenta con el superávit preciso para dejar de lado las medidas de austeridad. Siendo preocupante el perjuicio social que los recortes en servicios básicos como sanidad, educación y otras prestaciones pueden acarrear, no queda claro a través de qué otras actuaciones sería posible reducir en lo inmediato el déficit autonómico sin afectar al empleo público. A no ser que España renunciase a cumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria contraídos o las administraciones optasen por recabar más ingresos de los contribuyentes. La primera opción dejaría a la economía española fuera de juego y la segunda generaría efectos impredecibles que probablemente no ayudarían a alcanzar el objetivo previsto.