Investigan una ayuda de Viera al Ayuntamiento de La Barca

La jueza que instruye los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha ordenado investigar las ayudas a seis ayuntamientos y 15 empresas otorgadas por José Antonio Viera, candidato del PSOE al Congreso por Sevilla y entonces presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

La juez de Instrucción 6 de la capital hispalense, Mercedes Alaya, pide en un auto a la Junta los expedientes respecto a las ayudas de 60.000 euros al ayuntamiento de Camas (Sevilla), 132.000 euros a Coria del Río (Sevilla), 24.000 al de Chiclana y 18.000 euros al consistorio de La Barca de la Florida. También pide datos sobre los 120.000 euros que percibió el Ayuntamiento de Alcolea del Río (Córdoba) en 2003 y 2004 y 78.130 de La Puebla del Río (Sevilla).

La información sobre dichas ayudas fue remitida por el procurador del PP después de que el secretario regional de ese partido, Antonio Sanz, denunciase que el secretario general del PSOE de Sevilla, en su etapa de presidente del IFA, otorgó ayudas a ayuntamientos socialistas procedentes de la partida 31L, conocida como 'fondo de reptiles'.

Compañías

Además, pide que se aporte información sobre las ayudas a empresas como Corchos y Tapones de Andalucía, que percibió 3.003.000 euros, o Servicios y Mantenimientos de Cazalla, que recibió 601.012, compañías que el PP considera vinculadas a lo que denomina «trama de la Sierra Norte» sevillana.

La juez tomó declaración en meses pasados a varios vecinos de pueblos de la Sierra Norte, amigos del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ya imputado en la causa, y ahora cita a un nuevo acusado, Antonio A.G, vecino de El Pedroso (Sevilla), para el próximo 6 de octubre. Este imputado «previaliéndose de su amistad con Guerrero», según el auto, se benefició de una póliza de supervivencia subvencionada íntegramente por la dirección general de Trabajo «sin que conste ni solicitud ni concesión de subvención».

La jueza reclama además información sobre los 270.000 euros percibidos por la Cooperativa Virgen de Belén, el millón de euros para la Cooperativa San Sebastián de Guadalcanal, la ayuda de 360.000 euros a Oce Renting y la cantidad de 1.200.000 a Aeronáutica del Sur.

Además, pide también datos sobre los 601.012 euros de Corchos Higuera, 1.200.000 euros para Ibérica de Exportaciones y Transacciones, 1.051.012 euros de la SAT Virgen del Espino de El Pedroso y 2.313.896 euros de Refractarios de Andalucía y Refractarios de Guadalcanal.

Según el secretario general del PP, dichas ayudas se destinaron a «empresas de dudosa rentabilidad, porque muchas no cumplieron con sus funciones ni con la labor de las ayudas que se otorgaron».

La Junta

El consejero de Empleo, Manuel Recio, se apresuró a asegurar ayer que remitirá «a la mayor brevedad» los últimos expedientes requeridos por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta «trama» de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, tras lo que ha criticado la «cacería», a su juicio, «carente de sentido» emprendida por el PP «contra los socialistas andaluces en general y sevillanos en concreto».

En declaraciones a Europa Press, Recio, que indicaba que ya ha llegado el último requerimiento efectuado por Alaya , aseguró que la posición de la Junta «será la misma que mantiene desde el principio, la de máxima colaboración con la Justicia y con la jueza».