La jueza Alaya implica a dos gobiernos locales de la provincia en el 'caso ERE'

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta «trama» de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, ha ordenado a la Junta que aporte copia «íntegra y testimoniada» de 21 nuevos expedientes relativos a ayudas sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo a entidades o empresas, seis de ellos correspondientes a los ayuntamientos de Alcolea del Río, Camas, Coria del Río y Puebla del Río, en la provincia de Sevilla; y Chiclana de la Frontera y la gobierno pedáneo jerezano de La Barca de la Florida, en Cádiz.

Se trata de 21 de los expedientes recogidos en el acta del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), fechado el 30 de enero de 2004 y firmado por el exconsejero de Empleo y actual secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, como presidente de dicha institución, que el PP-A envió a la juez la semana pasada y que recoge convenios de colaboración para otorgar ayudas a dichos ayuntamientos, «todos gestionados por entonces por el PSOE», y a 15 empresas «de dudosa rentabilidad» y «amigas del PSOE» en la Sierra Norte de Sevilla.

En un auto dictado el pasado día 27 de septiembre y notificado este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada hace mención al escrito presentado por el procurador del PP-A el pasado 26 de septiembre, «de cuyo contenido se vienen haciendo eco numerosos medios» y amplía la petición de información formulada a la Junta de Andalucía los pasados 16 de abril y 14 de septiembre para que aporte 21 nuevos expedientes de subvenciones autorizadas por el Consejo Rector del IFA.

432.000 euros bajo sospecha

En concreto, la juez solicita los expedientes correspondientes a subvenciones a los ayuntamientos sevillanos de Coria del Río, que según la juez habría recibido en 2003 dos ayudas por un importe total de 132.121 euros; Camas, que también en 2003 recibió 60.101,21 euros; Alcolea del Río, que, según la magistrada, recibió 120.000 euros en 2003 y 2004 para la primera y la segunda Feria de Desarrollo Rural, y La Puebla del Río, que en 2003 fue beneficiaria de 78.130 euros «para un plan piloto de prevención de riesgos laborales».

En la provincia de Cádiz, pide los expedientes de subvenciones dadas al Ayuntamiento de Chiclana , que, según indica la juez Alaya, a finales de 2003 habría recibido 24.000 euros para la promoción de la Feria de Muestras y Turismo, y a la pedanía jerezana de La Barca de la Florida, que por el mismo concepto, y en la misma fecha, recibió 18.000 euros.

De igual modo, la magistrada pide los expedientes correspondientes a subvenciones otorgadas a las empresas Cooperativa Virgen del Belén, a quien «se le concedió en virtud del Plan de Viabilidad 270.455,44 euros entre 2003 y 2004»; Sociedad Cooperativa San Sebastián de Guadalcanal, quien habría recibido entre 2003 y 2005 un millón de euros y 440.000 euros en 2008; Oce Renting, con 360.607,26 euros en el año 2004; Aeronáutica del Sur, a quien se dio 1,2 millones «como ayuda de empresa» entre los años 2005 y 2006, y Corchos Higuera, a quien se le concedieron 601.012 euros. También exige el expediente de las subvenciones dadas a Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), empresa de El Pedroso.