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Los 'indignados' apoyan, ayer, a los detenidos. :: A. GARCÍA / EFE
ESPAÑA

Los 'indignados' del Parlament declararán ante el juez Velasco

Se enfrentan a penas de tres a cinco años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado

CRISTIAN REINO
BARCELONA.Actualizado:

El intento del colectivo del 15M de bloquear el Parlament se tradujo ayer en detenciones, tres meses y medio después de los disturbios. Los 22 jóvenes imputados por su participaron en los altercados que impidieron la entrada de los diputados el 15 de junio deberán declarar ante la Audiencia Nacional a partir del jueves.

Cuatro de los 22 imputados fueron detenidos en Barcelona y se esperaba que el resto corriera la misma suerte entre ayer por la noche y los días siguientes, dado que la Policía catalana mantenía la operación abierta y trataba de localizar a los 19 acusados restantes. Según fuentes de los Mossos, «procedieron a detener a los imputados» por el bloqueo de la Cámara catalana para identificarlos, tomarles declaración y entregarles la citación para que comparezcan ante la Audiencia Nacional. Tras facilitar los datos de su DNI y su domicilio, los detenidos fueron puestos en libertad.

Su abogado calificó la actuación policial de «escarnio público», ya que a su entender no era necesario arrestarles solo para entregarles una citación judicial. A juicio del letrado, los arrestos fueron «irregulares» desde el punto de vista del derecho penal, pues su único propósito era enviar un mensaje de contundencia.

En la protesta ante el Parlament participaron unas 3.000 personas, buena parte de ellas pertenecientes al movimiento de los 'indignados', si bien el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco citó a declarar a 22 acusados de un delito contra altas instituciones del Estado, castigado con penas de tres a cinco años de cárcel. El magistrado, que la semana pasada solicitó a los Mossos las imágenes de los sucesos, atribuye a los autores de la algarada «actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica» que se produjeron al objeto de «impedir la asistencia a sus sesiones y a entorpecer su labor».

El sitio sobre la Cámara catalana, que trasladaba la indignación de la plaza de Cataluña al entorno del Parlament, acabó con una cuarentena de heridos, cargas policiales y un hecho sin precedentes: las dos máximas autoridades de Cataluña, el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament, tuvieron que utilizar un helicóptero para desplazarse hasta la sede legislativa. Además, los diputados que optaron por acercarse a pie tuvieron que soportar insultos, escupitajos, lluvia de agua y cerveza, pintura, piedras, vuelo de botellas, empujones y agresiones.