Vendían certificados médicos falsos a cazadores de la Sierra

La Guardia Civil, en el marco de la 'operación Jeromia', ha detenido a cuatro personas y ha imputado a 131 en diversas localidades de la Sierra de Cádiz, acusadas de falsificar certificados médicos a cambio de dinero sin haber pasado prueba alguna. Unos certificados que eran utilizados para la obtención y renovación de las licencias de armas para cazadores.

La investigación arrancó cuando los guardias civiles de la unidad de Intervención de Armas del cuartel de Villamartín observaron una serie de irregularidades en los certificados de aptitudes psicofísicas para la tramitación de los permisos de armas de algunos cazadores. Sospecharon que los solicitantes no habían pasado prueba médica alguna.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial se hizo cargo del asunto y en las primeras pesquisas desvelaron que desde un centro médico de la Sierra se estaban expidiendo gran cantidad de certificados con la firma de una facultativa, que se encontraba de vacaciones en las fechas en las que fueron tramitados esos documentos.

Además, descubrieron que en un establecimiento de Algar se recibían documentaciones de personas, que tras abonar una cantidad de dinero, recibían en el plazo de una semana el correspondiente certificado médico sin haber pasado por ninguna consulta. La red desmantelada por la Benemérita no solo utilizó la rúbrica de una doctora sin su consentimiento; en otros casos, el reconocimiento lo realizaba una persona que carecía de la titulación necesaria. Para eludir cualquier responsabilidad, utilizaba la firma de la misma médica.

Los agentes lograron identificar y detener a los integrantes de este fraude a gran escala. Se trata de J.G.G., de 63 años, natural y vecino de Algar. Es el dueño del bar donde de Algar donde se recibía la documentación. Está acusado de un delito de falsedad documental continuada. También ha sido apresado: N.A.J.P. de 66 años, natural de Puerto Rico y vecino de Bormujos (Sevilla), como presunto autor de los delitos de falsedad documental continuada e intrusismo. Esta persona es psicólogo y propietario del centro médico donde se expedían los certificados y realizaba las pruebas psicotécnicas sin tener la titulación requerida; L.N.G. de 69 años de edad, natural de Lleida y vecino de Cádiz , quien presuntamente recepcionaba los documentos que le entregaba el primer detenido para la confección de los certificados; y finalmente, J.J.B., vecino de San José del Valle, quien supuestamente tramitaba toda la documentación a los cazadores investigados.

La Guardia Civil confirmó también que ha imputado a 131 personas por haber obtenido los certificados médicos mediante este cauce ilegal. Entre ellos hay individuos de más de 70, 80 y 90 años que superaban las pruebas de aptitud en dicho centro médico sin problemas.