Bielorrusia protagoniza la cumbre de la UE

Bielorrusia decidió ayer boicotear la cumbre del Partenariado Oriental que la UE organizó en Varsovia durante dos días con seis Estados postsoviéticos para protestar por las presiones de los dirigentes europeos contra Minsk ante las reiteradas violaciones de las libertades y los derechos humanos. Bielorrusia, un país de la antigua URSS dirigido con mano de hierro por Aleksander Lukashenko, tenía que participar a esta cumbre junto con Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, pero Minsk hizo saber antes de su apertura que la representación bielorrusa quedaría en manos de su embajador en Varsovia, en lugar del ministro de Asuntos Exteriores, Sergueï Marty.

La decisión bielorrusa desató las críticas de la UE. «No podemos reiniciar el proceso de acercamiento (con Minsk) si no se llevan a cabo progresos manifiestos hacia la democratización y el respeto de los derechos humanos», dijo el presidente del Consejo Europeo de la UE, Herman Van Rompuy. El primer ministro polaco, Donald Tusk, prometió ayuda financiera a Bielorrusia, que se encuentra en una grave situación económica, si el régimen de Lukashenko abre un proceso de diálogo con los partidos opositores y organiza elecciones libres.

Por su parte, el viceprimer ministro británico, Nick Clegg, manifestó que «el régimen de Aleksander Lukashenko es culpable de graves violaciones de los derechos humanos. Ha destruido a la oposición y hace todo lo posible para mantenerse en el poder». Bielorrusia decidió finalmente boicotear la cita varsovia e hizo saber que «la víspera de la cumbre del Partenariado Oriental, sus organizadores adoptaron medidas discriminatorias contra el país al negarse a invitar al presidente». Se dan las circunstancias de que la UE impuso una prohibición de visado en su territorio para Alexander Lukashenko y 30 funcionarios bielorrusos en señal de protesta por la violación de los derechos humanos en su país.

Exigencias democráticas

Los Veintisiete adoptaron una declaración donde se pide al régimen de Lukashenko la «liberación inmediata y rehabilitación de todos los presos políticos» y manifiesta su «profunda preocupación» por «el deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Bielorrusia». La UE plantea a Minsk la necesidad de «poner fin a la represión de la sociedad civil y de los medios y la apertura de un diálogo con la oposición política». Los dirigentes europeos expresaron también su inquietud por las denuncias de torturas físicas y psíquicas ejercidas por la Policía bielorrusa contra los detenidos. La cumbre del Partenariado Oriental también estuvo marcada por las tensiones con Ucrania y su presidente, Viktor Yanukovitch, debido a la controversia suscitada por el juicio por abuso de poder contra su principal rival política, Yulia Timoshenko, ex primera ministra y líder de la Revolución Naranja de 2004. Timoshenko, que está acusada de haber firmado en 2009 unos acuerdos gasísticos con Rusia sin la autorización del Gobierno, pertenece a uno de los clanes de la oligarquía ucraniana. La exmandataria ucraniana aseguró el pasado miércoles que está siendo víctima de un «linchamiento político» por parte de Yanukovitch.

La UE puso en guardia a Kiev por el juicio contra Timoshenko, porque considera que es un proceso con connotaciones políticas impulsado desde las más altas esferas del poder. El embajador de la UE en Kiev, José Manuel Pinto Teixeira, reconoció que Bruselas quiere evitar el juicio contra la exmandataria «por el bien de Ucrania y de sus relaciones con los Veintisiete». Este juicio podría condicionar la negociación de un acuerdo de asociación entre Bruselas y Kiev, que «posiblemente» será firmado el próximo mes de diciembre, según los organizadores de la cumbre. El primer ministro francés, François Fillon, reconoció que este proceso judicial es «un problema», y Van Rompuy expresó su «preocupación» sobre la situación de la antigua primera ministra. «Hemos rechazado la utilización selectiva del código penal contra miembros de la antigua Administración ucraniana», señaló.