El juez embarga a los Ruiz-Mateos
Los administradores concursales de la empresa con sede en Granada creen que será difícil localizar los bienesUn magistrado reclama 618 millones al empresario por el déficit de Dhul
JEREZ. Actualizado: GuardarEl cerco se estrecha cada vez sobre la familia Ruiz-Mateos. No en vano, después de conocerse que los días 18 y 19 de octubre el patriarca, su mujer y sus hijos varones tendrán que declarar como imputados ante la Audiencia Nacional por la denuncia de los inversores de los pagarés, ayer se escribió un capítulo más de la batalla judicial contra los propietarios de Nueva Rumasa tras la decisión del magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada de decretar el embargo preventivo de bienes por valor de 618,26 millones de euros a los Ruiz-Mateos para cubrir el déficit patrimonial total del Grupo Dhul.
Esta medida ha sido solicitada por la administración concursal ante los «visos reales» de calificación de concurso culpable, y en concreto, el juez ordena el embargo al fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos , en calidad de «administrador de hecho» de Dhul, y a sus hijos Álvaro y Francisco Javier, en calidad de administradores de derecho de la firma de postres.
Según el auto judicial, el embargo se extiende a todos los derechos patrimoniales que hayan asumido el patriarca y sus dos hijos como consecuencia de la operación de venta -«anunciada pero no demostrada»- de Dhul y el resto de empresas de Nueva Rumasa a Back in Business y Posibilitum Business, sociedades controladas por el empresario Ángel de Cabo.
En este sentido, el magistrado Blas Alberto González requiere tanto a los embargados como a los mencionados Back in Business y Posibilitum Business que presenten ante el juzgado en el plazo de cinco días «todos los documentos privados y públicos que se hayan suscrito para formalizar y ejecutar la operación u operaciones de venta y control de Nueva Rumasa».
Entre la documentación demandada exige acuerdos marco, cartas de intenciones, anexos, documentos complementarios, garantías cruzadas y «cualquier documento rectificativo», incluidos aquellos en los que las partes pudieran haber podido pactar cláusulas de confidencialidad o reserva.
El juez considera que con esta operación se trata de «esquivar» posibles embargos y que «no es descartable que tras ello solo exista un artificio fiduciario».
Igualmente, ordena a los Ruiz-Mateos que presenten la relación de los bienes y derechos suficientes para cubrir las cantidades del embargo, «con apercibimiento de las sanciones que puedan imponérsele, cuando menos por desobediencia grave» en caso de que no lo hagan, presenten bienes que no sean suyos, excluyan bienes propios susceptibles de embargo o no desvelen las cargas y gravámenes que sobre ellos pesen.
El magistrado también acuerda dar traslado de la resolución a once entidades financieras, a la Agencia de Administración Tributaria, a la Seguridad Social, al INEM, a la Dirección General de Tráfico y a la Dirección General del Catastro para que faciliten la relación de bienes o derechos de los embargados de los que tengan constancia. «Todo ello sin perjuicio de cuantas otras diligencias de investigación patrimonial nacional o internacional proceda efectuar de entenderse pertinente para el buen fin de esta medida cautelar», señala.
En el auto, el juez argumenta la decisión de incluir al patriarca entre los embargados pese a no constar como administración de hecho, apuntando que su participación ha sido «decisiva, ineludible y nuclear» en los negocios de Dhul y «sin él no puede entenderse ni su grupo empresarial, ni la concursada ni lamentablemente su situación actual».
Además, constata el desvío de fondos de la empresas de postres a otras sociedades del grupo y remarca que los embargados no solo han podido generar la insolvencia de Dhul, sino que además la agravaron. Así, hace referencia al hecho de que el grupo alimentario ha garantizado de forma «masiva, indiscriminada y sin control alguno» deudas de otras empresas de Nueva Rumasa por al menos 640 millones de euros y, concretamente, obligaciones derivadas de la compra de Clesa y otras vinculadas a «operaciones de compraventa de viviendas disfrutadas por los Ruiz-Mateos o al disfrute de vehículos de familiares de los administradores».
También alude a ventas ficticias para «maquillar» los resultados de la compañía o salidas de activos a cambio de derechos de cobro jamás ejercitados y de dudosa realización.
Sea como fuere, no parece que la resolución de esta situación vaya a ser sencilla. Así opina al menos la administración concursal de Dhul, que cree que habrá que afrontar dificultades extremas para localizar los bienes y derechos del patrimonio personal de los Ruiz-Mateos.
Esa dificultad radica en el hecho de que la familia ha mantenido la titularidad y el control de Nueva Rumasa a través de sociedades interpuestas, mayoritariamente domiciliadas en Belice y Holanda.
De hecho, el socio mayoritario de Dhul, con el 80,2 % del capital, es la empresa holandesa Dhul Holding, mientras que la marca de postres Dhul es, en el papel, propiedad de la sociedad Lerton Holding Inc, radicada en Belice. Por ello, diversas fuentes judiciales han apuntado que en este momento no se conocen con precisión los bienes y derechos que forman el patrimonio personal de cada uno de ellos.
Según las mismas fuentes, es precisamente la reciente venta anunciada del grupo de empresas Nueva Rumasa a Back in Business la razón de urgencia que justifica por sí sola la adopción del embargo preventivo con carácter de urgente.
Aunque han pasado 20 días desde que la familia Ruiz-Mateos anunció que vendía las empresas de Nueva Rumasa a Back in Business, ni el administrador único de Dhul, Álvaro Ruiz-Mateos, ni los restantes miembros de la familia han comunicado a los administradores concursales de forma verbal, telefónica o por escrito nada sobre la operación de venta y traspaso.
Motivo por el que éstos desconocen el precio real, la forma de pago, si existen reservas de activos para los vendedores, pactos de recompra, opciones de venta y, en el caso de Back in Business, la forma en la que asume el pasivo de Dhul, ni los eventuales pactos que pongan de manifiesto que se trata de una venta fiduciaria.
El 21 de septiembre una abogada y un responsable financiero en nombre de Back in Business mantuvieron un primer contacto con la administración concursal de Dhul, una visita de cortesía y en la que no se avanzó nada porque no se acreditó documentalmente la compra. Tampoco se sacó nada en claro el pasado jueves, cuando estaba convocada la junta de accionistas de Dhul y a la que no acudieron ni los Ruiz-Mateos ni los supuestos compradores.