Tres nacionalizaciones y un fiasco

El proceso de capitalización de las cajas de ahorro se ha saldado con tres nacionalizaciones -Unnim, Novacaixagalicia y Catalunya Caixa- que precisan de una aportación pública de 7.551 millones de euros, y un fiasco, el de la alicantina CAM, a la que el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, no vaciló en calificar de «lo peor de lo peor», tras denunciar, desde un punto de vista personal, el «escándalo» de la conducta de anteriores directivos.

Fernández Ordóñez celebró que esa contribución haya sido menor de lo inicialmente previsto -la cuantía estimada llegó a 17.000 millones tras la ruptura de Banco Base- , y anunció que las cajas de ahorro «han dejado de ser un problema ahora». En el marco de la crisis de la deuda soberana, el foco de las incertidumbres «se sitúa en los grandes bancos europeos», observó. Admitió que «al igual que en el ámbito económico, el momento sigue siendo duro», en el financiero tal vez haya que hacer algo más.

Escándalo. La subasta de la CAM puede saldarse con coste para los contribuyentes, admitió el gobernador, que utilizó los términos más duros para calificar a sus anteriores gestores, protagonistas de episodios de contabilidad creativa, perceptores de indemnizaciones millonarias y aspirantes a abultadas pensiones vitalicias. Desde el máximo respeto al marco jurídicos, Fernández Ordóñez lanzó un mensaje de tranquilidad a los depositantes. «Ahora está ahí el Banco de España y pronto habrá unos gestores serios», les animó. El FROB ya ha inyectado en la CAM 2.800 millones que serán difíciles de recuperar en la puja.

Cajas públicas. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) va a hacerse con el 100% del capital de Unimm por el precio simbólico de un euro. A la agrupación de cajas catalanas se le ha reconocido un valor cero, y asignado un administrador único. Su consejo lo integrarán tres representantes del FROB y uno institucional, y para este último puesto ha sido designado el presidente de la Cámara de Comercio de Tarrasa.

Otras nacionalizaciones. El FROB se queda con el 93% de Novacaixagalicia y el 90% de Catalunya Caixa. Tras realizar unas valoraciones muy bajas -del 12% de su valor en libros y de apenas en 9% en el segundo-, respaldadas por análisis externos, se abre un periodo de hasta un año en el que las entidades pueden acordar con inversores privados la compra de la totalidad o de una parte del capital en manos públicas. Pero esas transacciones conllevarán el pago de los correspondientes intereses, que podrían llegar al 12,5% anual.

Bastan 7.551 millones. «No es ninguna tontería», admitió el gobernador, que quiso poner esa cifra en el contexto multimillonario de las ayudas a la banca en otros países. La cantidad se reparte entre las entidades que no han cumplido los requerimientos de capitalización del Banco de España, un 8% sobre activos ponderados por riesgo para los bancos, y un 10% para las cajas de ahorro. A los 2.800 asignados a la CAM se añaden 2.465 de Novacaixagalicia, 1.718 millones de Catalunya Caixa y 568 millones de Unnim.

Temporal en los mercados. Las salidas a Bolsa de Bankia y Banca Cívica han aliviado la factura de la reestructuración bancaria por dos motivos. De un lado, los inversores privados han contribuido con 5.838 millones, y, por otro, quienes se atrevieron «frente al temporal de las incertidumbres» a lanzarse a captar dinero en los mercados.

Prórrogas. Dos bancos/cajas están en tiempo de descuento, Liberbank y Mare Nostrum, que disponen de 25 días para cerrar la entrada de inversores privados, según Ordóñez, quien dijo que «son entidades bastante sólidas». El primer ejecutivo del FROB precisó que Liberbank ya cuenta con una proporción de capital del 9%. Para cubrir los 330 millones restantes puede optar por desinversiones, por la aportación de inversores privados o por una combinación de ambas fórmulas.

Inmobiliario. A la actual situación se ha llegado después de que el sector llevara a cabo unos saneamientos que superan los 105.000 millones de euros, que han servido para hacer frente con provisiones a los problemas del sector inmobiliario.

Pruebas de estrés. Fernández Ordóñez dio a entender que, en el futuro, España se plantea limitar los requerimientos a las entidades de mayor tamaño.