«Estoy tranquilo porque solo he trabajado por el interés de Vejer»

Interés electoralista, ánimo de venganza, represalias por un despido. Estas son algunas de las lecturas que realizó ayer el PSOE de Vejer a partir de la información en exclusiva que publicó LA VOZ sobre la detención del exconcejal socialista de Obras Públicas, Francisco Gavira, y de un técnico municipal por un supuesto caso de extorsión que habrían sufrido los responsables del hotel V. de Vejer para conseguir la licencia de apertura en 2008. Un permiso que según apunta el informe de la Guardia Civil lo habrían obtenido tras pagar unas facturas del Ayuntamiento.

Los agentes también citaron a declarar como imputados al exalcalde, Antonio Verdú, y al responsable del área de Urbanismo en la pasada legislatura, Antonio Muñoz; sin embargo, las diligencias que instruye el juzgado nº 1 de Barbate se centran sobre todo en la participación de Gavira y del técnico, ya que son a los que señala la persona que formuló la denuncia: una empresaria que ejerció de intermediaria entre el Consistorio y el dueño del establecimiento hotelero para la tramitación de las licencias del negocio. Gavira se encontraba ayer en Sevilla, donde trabaja actualmente, cuando recibió la llamada de este periódico. Ante las preguntas de LA VOZ se acogió al contenido del comunicado que había enviado la agrupación local del PSOE, negando cualquier tipo de conducta delictiva y alabando la actuación que había tenido.

Sin embargo, Francisco Gavira quiso salirse de ese guión en forma de comunicado para subrayar su inocencia. «Estoy tranquilo porque solo he trabajado por el interés de mi pueblo. No me he llevado un duro del Ayuntamiento y la gente que me conoce lo sabe». Tranquilo, pero dolido: «No es justo que ahora tenga esta mancha porque mi familia sufre. Pero no lo voy a permitir. Estoy convencido de que el asunto se archivará, y entonces actuaré contra todos los que han querido manchar mi honor».

Gavira sí reconoció que pudo haber una falta administrativa al no reflejar en un convenio el pago que la empresa hotelera debía hacer por utilizar parte de la canalización pública de electricidad, «pero en ningún caso es un delito de cohecho». Aquí se bifurcan las dos versiones de esta causa judicial, que si bien fue denunciada en primer término por la empresaria antes citada, fue la Fiscalía la que derivó el asunto a los juzgados al observar indicios de posible delito.

Defensa del bien general

La denunciante asegura que Gavira y el técnico municipal condicionaron la aprobación de la licencia al pago de unos 30.000 euros en arreglos del estadio de fútbol municipal, la guardería pública y las dependencias de la Policía Local. Desde el PSOE no niegan este acuerdo y reconocen que la fórmula adoptada podría ser constitutiva de una falta administrativa, pero niegan la extorsión. «La actuación del concejal estuvo motivada por la defensa de los intereses generales. Tal y como reconocen los propios denunciantes, en ningún caso puede imputarse un lucro o enriquecimiento personal. Las condiciones económicas fijadas para el uso de una canalización de suministro de energía han revertido en el pueblo».

El comunicado ataca directamente a la promotora de la denuncia a la que acusan de haberse dejado instrumentalizar por intereses electoralistas y moverse por un ánimo de venganza: «La señora Margarita Behrendt nos denuncia dos años después porque dice que a este acuerdo llegó bajo presiones. Posiblemente porque la echaron del hotel y ella misma dijo que era por culpa nuestra. Si bien es cierto que también hay políticos por detrás que estaban deseando un escándalo y cómo si no, denuncia dos años después del hecho».