Recibo devuelto

La decisión del Gobierno de no incrementar el recibo de la luz doméstica en aplicación de la subida del 13% experimentada por su coste en la última subasta constituye una medida política que ninguna formación de las que concurren a las próximas elecciones discute. Pero es evidente que pospone un aumento de tarifas que el próximo Gobierno deberá afrontar inmediatamente después de su toma de posesión. A no ser que proceda a modificar el método de cálculo del precio del suministro eléctrico asumiendo los compromisos legalmente adquiridos hasta el momento en que ello se produjera. Opción que, en cualquier caso, no podrá soslayar que la deuda respecto a las eléctricas irá acumulándose mientras no se aborde de forma consecuente la siempre impopular tarea de aproximar el precio del recibo al coste real de la generación y distribución de esta energía. A no ser que los sucesivos Gobiernos recurran a la simulación de concebir la parte regulada de esa deuda -con los estímulos para las renovables y la rebaja del déficit acumulado- como una vertiente del coste a contemplar con una discrecionalidad que ya hoy podría estar rozando los límites de la norma vigente.