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Retrasan hasta el viernes el desahucio de cinco miembros de una familia de Caulina que se quedarán en la calle

El delicado estado de salud del cabeza de familia, unido a la presión ejercida por ésta y por integrantes del movimiento 15-M, han impedido que se ejecute la orden de desahucio que pesaba sobre la vivienda de José Gutiérrez y su esposa

A. Doña
JerezActualizado:

El delicado estado de salud del cabeza de familia, unido a la presión ejercida por ésta y por integrantes del movimiento 15-M, han impedido esta mañana que se ejecute la orden de desahucio que pesaba sobre la vivienda de José Gutiérrez y su esposa. No obstante, esta pareja de Caulina y sus tres hijos tienen de plazo hasta el próximo viernes para intentar frenar lo que parece algo imparable. Funcionarios de la Oficina Judicial se personaron a primera hora en la casa acompañados de un dispositivo policial compuesto nada menos que por una docena de agentes, con el fin de llevar a cabo el desalojo. Sin embargo, una veintena de personas se había apostado a las puertas del domicilio con la intención de no dejarles pasar y los afectados tampoco habían puesto en marcha la mudanza, por lo que tenían todos sus muebles y pertenencias dentro del recinto. Ello, junto a la importante subida de azúcar como consecuencia del disgusto que sufrió José, que padece una incapacidad absoluta, hizo reflexionar a los funcionarios que a instancias del juzgado decidieron retrasar el desahucio un par de días.

El drama de los desahucios se repite cada vez con mayor frecuencia. En esta ocasión le ha tocado a una familia de Caulina, que desde el próximo viernes se quedará en la calle en virtud de una orden judicial. Antonia Alama y José Gutiérrez tienen tres hijos y él una incapacidad permanente del 100% por una enfermedad que durante dos meses le impidió hacer frente a la hipoteca. Un tiempo suficiente para que el banco, que ya rehipotecó la vivienda, decidiera vender la misma sin ni siquiera una subasta por 80.000 euros, cuando la casa y el terreno están valorados en 245.000 euros.

Así lo cuenta Vanesa, sobrina del matrimonio, trasladando la tragedia que se cierne sobre una familia cuyos ingresos ascienden a 600 euros, que es la cantidad correspondiente a la pensión de invalidez. La orden, según la joven, se tramitó «de un día para otro» y a los Gutiérrez no les ha dado tiempo a reaccionar ni a encontrar alojamiento, y su desesperanza va en aumento puesto que «con tan pocos ingresos, no saben ni dónde se van a meter»