La Policía custodió el Ayuntamiento ante las manifestaciones de varios colectivos. :: ESTEBAN
Jerez

Las protestas dejan paso al debate en el salón de plenos

Las plantillas de Acasa y Jecomusa pudieron intervenir al final de la tarde, tras una ruidosa mañana en las puertas del Consistorio

JEREZ. Actualizado: Guardar
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La mañana comenzó fuera del salón de plenos con las protestas de varios colectivos como los trabajadores de Onda Jerez, la concesionaria del transporte público Urbanos Amarillos y los del servicio de ayuda a domicilio, Acasa. Pitos, gritos y un ruido ensordecedor pese al gran despliegue policial que obligaron al portavoz del gobierno, Antonio Saldaña, a interrumpir su discurso sobre el Plan de Ajuste.

Dentro del salón de plenos, los trabajadores de la televisión pública levantaron carteles con el mensaje «Onda Jerez nos duele». La alcaldesa, María José García-Pelayo, les replicó tanto a ellos como a las de Acasa que esperaran su turno al final del pleno para intervenir. Una larga espera que al final tuvo recompensa.

La presidenta del comité de Acasa, Encarnación Barrios, pidió una vez más la municipalización del servicio mientras que desde Onda Jerez el presidente del comité, Raúl Ruiz-Berdejo, protagonizó un duelo dialéctico con la alcaldesa.

Críticas de CGT

También CGT mostró su oposición al Plan de Ajuste Económico aprobado en la jornada de ayer. El secretario del sindicato, José García, acusó al PP de «imponer el rodillo para hacer valer sus intereses mediante el ordeno y mando». García criticó especialmente que las medidas se lleven a cabo «antes de entrar en la negociación con los sindicatos y al margen de los afectados» por las mismas.

«Las medidas de Pelayo son inaceptables, a espaldas de los trabajadores», insistió el responsable sindical. García acusó además al gobierno local de «falta de diálogo, ya que no se ha reunido con nosotros para decirnos qué hará».

Las críticas de CGT se suman a las del resto de sindicatos municipales en relación al Plan de Ajuste, que exigen diálogo y consenso. El gobierno local pretende ahora ahorrar diez millones de euros en personal tras la denuncia del convenio colectivo.