PSOE y PP colocan los recortes y ajustes en el centro de la precampaña electoral

Ningún candidato a la presidencia del Gobierno quiere ponerle el cascabel al gato, aunque tampoco esconden que el próximo Ejecutivo deberá pedir nuevos sacrificios a los españoles para poder remontar la crisis. Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy se enzarzaron ayer en un cruce de reproches sobre posibles recortes y ajustes sociales que centran la prolongada recta final de esta precampaña. Una estela que siguieron otros importantes dirigentes de estas dos formaciones.

Un rifirrafe que, de momento, hurta a los ciudadanos la posibilidad de conocer las propuestas concretas de PSOE y PP sobre cómo cumplir con el compromiso adquirido ante la Unión Europea de reducir el déficit público de todas las administraciones hasta un 4,4% en 2012 y, paralelamente, propiciar las condiciones para devolver al país a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo.

Pérez Rubalcaba reclamó a Rajoy que «aclare sus planes, porque da la impresión de que están preparando un desguace del estado del bienestar y eso conviene que se sepa». El candidato socialista se comprometió a que, si gana en las elecciones del 20 de noviembre, «no congelará» ni las pensiones ni el salario de los funcionarios.

El líder del PP tachó de demagogo a su rival socialista y recordó que «el señor Rubalcaba pertenece a un Gobierno que congeló las pensiones; yo no lo hice y además me opuse». Rajoy eludió aclarar si revocará -vía modificación de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 que se prorrogarán en 2012- las decisiones adoptadas por José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 de no revalorizar las pensiones, menguar el sueldo de los funcionarios una media del 5% y quitar el cheque-bebé.

El aspirante socialista entiende que ha encontrado un filón en esta falta de definición del referente popular, de la que intenta sacar partido electoral. «He escuchado a Rajoy decir a la pregunta de si subiría el IVA y el IRPF, que 'en un primer momento, no', lo que traducido al conjunto de los ciudadanos significa que en un segundo momento, sí», expuso.

Rubalcaba mantuvo esta misma línea argumental para insistir en que el «depende» que respondió Rajoy al ser interpelado el lunes por la congelación de las pensiones puede ser traducido por un «depende no, congelación». El aludido, cuestionado por este asunto tras visitar una central lechera en la localidad madrileña de Zarzalejos, aseveró que el PP desvelará su posición al respecto «en el programa electoral».

Más dura se mostró Soraya Sáenz de Santamaría, que puso el acento en que Rubalcaba «tiene más pasado que futuro» y que, por lo tanto, el candidato socialista «no podrá librarse» tan fácilmente de su trayectoria. «¿Qué español va a creer a Rubalcaba cuando él ha sido uno de los más entusiastas defensores del decreto que congeló las pensiones y recortó los sueldos de los empleados públicos?», remachó.

Patrimonio

Más allá de las prestaciones a jubilados y del salario de los empleados públicos, la polémica también giró sobre el recuperado impuesto de patrimonio. El PP se abstuvo durante su tramitación parlamentaria, pero sus dirigentes han mostrado públicamente su rechazo a esta iniciativa que tildan de estéril y pensada únicamente para ganarse el favor popular. Rajoy, sin embargo, aún no ha precisado si lo derogará o no. El que sí se ha posicionado ha sido Cristóbal Montoro, responsable del área económica del PP. Aseveró que su formación suprimirá este gravamen «porque tiene fecha de caducidad», en alusión al que el propio decreto del Gobierno señala que estará vigente hasta 2012. Por lo tanto, el PP optará «por dejarlo morir», pese a que el próximo Ejecutivo estará constituido a finales de diciembre.

Este fuego cruzado entre Ferraz y Génova parte de la guerra de guerrillas que llevan varios meses protagonizando los nuevos presidentes autonómicos del PP y sus antecesores socialistas, sobre todo en comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura o Baleares. José María Barreda, que cedió el testigo en mayo a María Dolores de Cospedal, mandó un claro mensaje a la presidenta popular por sus denuncias sobre un «déficit oculto» o de «facturas impagadas» en los cajones obedece a la estrategia de «exagerar, tergiversar e, incluso, lamentablemente, mentir para protegerse y echar la culpa a la herencia recibida de la inoperancia y los recortes».