La Junta quiere que la nueva PAC no recorte ayudas al campo

La consejera de Agricultura y Ganadería, Clara Aguilera, abogó ayer por «mantener el nivel de ayudas» de la Política Agrícola Común (PAC) -que suponen 1.600 millones anuales para Andalucía, 27 de ellos para la comarca de Jerez- ante su próxima reforma y resaltó el trabajo del Ministerio de Agricultura y la Junta «desde el minuto uno» para «defender» la posición de España y Andalucía.

La titular del ramo apuntó que la postura de la Administración es «firme», y van a defender que se mantengan cuestiones tan relevantes como el actual sistema de cuotas al menos hasta 2020, los precios mínimos, el nivel de las subvenciones y los mecanismos de gestión de los mercados.

Aguilera dejó claro ayer que de lo que se trata es de defender el sector y hacer suyas las reivindicaciones de los productores, y se mostró «prudente» a la hora de pronunciarse sobre el borrador del que disponen tanto las organizaciones agrarias como las administraciones al «no considerarlo oportuno», instando a esperar a que el 12 de octubre la Comisión Europea dé a conocer la propuesta legislativa «para hablar de un hecho concreto».

No obstante, anunció que ha pedido comparecer mañana miércoles en el Parlamento andaluz para hablar de las bases que consideran «imprescindibles» en la defensa de la agricultura y ganadería andaluza, advirtiendo que el Gobierno andaluz tiene claro el «impacto» de la PAC actual y «todo lo que queremos para el futuro».

En la misma línea se expresó la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que puso de relieve que en este caso no se trata solo de defender la «subsistencia del sector, sino de la defensa renta agraria». «Debemos hacer un esfuerzo común desde ya para que no se plasme nada contrario a nuestros intereses en documentos definitivos», expuso la alcaldesa.

Sin cobrar el anticipo

Por otro lado, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Andalucía ha lamentado que «miles de agricultores de la región se quedarán sin cobrar el anticipo de la PAC por la inclusión repentina de un nuevo requisito» y exigió a la Consejería de Agricultura que «de curso a los pagos».

En un comunicado, la COAG afirmó que este requisito «añadido sin comunicación previa, que está provocando la paralización de miles de expedientes y, en consecuencia, impedirá que los productores puedan cobrar el anticipo de las ayudas PAC concedido por Bruselas» era conocido por la Consejería «desde abril», por lo que lo consideran una «negligencia administrativa».

Así, según afirman, la dirección general de Fondos Agrarios de la Consejería disponía desde el mencionado mes de abril de una circular interna en la que se especificaba que «todos aquellos que activen ayudas PAC en terrenos compartidos deben demostrar su derecho sobre esas tierras, aportando el correspondiente contrato de arrendamiento o un documento similar».

Un requisito que, según aseguran, «no aparece publicado ni en el BOE ni el BOJA», y que la Consejería «debió trasladar inmediatamente a las entidades colaboradoras para que los agricultores pudieran presentar la documentación necesaria y sus expedientes no se vieran ahora paralizados».

De este modo, la asociación agraria señaló que «en cuanto se ha conocido el nuevo requisito, los productores han procedido a presentar los contratos requeridos, pero ya la Administración no podrá validar las incidencias antes del próximo 15 de octubre, fecha límite para tramitar el anticipo».

Por tanto, COAG quiso recordar que la cantidad anticipada «asciende al 50% del importe total de la ayuda», y que este apoyo «se hace especialmente necesario en coyunturas como la actual, con una crisis generalizada de precios en origen que tiene al sector en situación extremadamente delicada».