La tregua puede dejar en paro a 500 escoltas

La ausencia de violencia de la banda terrorista ETA ha provocado que el Gobierno vasco haya reducido los servicios de escoltas. Una buena noticia para todos, salvo para los 2.000 guardaespaldas privados que se ganan la vida con esta tarea y de los cuales 500 ya están en riesgo de perder su trabajo. El presidente de la asociación de escoltas, Santiago Fontenla, calificó la decisión de «precipitada» y por eso anunció que emprenderán «acciones legales» contra el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, si se produce cualquier tipo de «agresión a alguno de los protegidos».

En la reunión celebrada ayer, los escoltas comunicaron personalmente a Ares que le denunciarán en el caso de que haya algún ataque y éste les respondió que está muy tranquilo, pese a que es consciente del peligro que acarrea la reducción de escoltas. «Nosotros seguimos manteniendo nuestro nivel de alerta al cien por cien, pero entendemos que la administración quizá no actúa como debiera», aseguró Fontenla, que advirtió que con ETA «no caben ni las alegrías ni los descuidos».

De producirse un ataque violento contra alguno de los ahora protegidos, la asociación vasco-navarra de escoltas privados emprenderá acciones legales contra el consejero vasco de Interior, su equipo de colaboradores y todos aquellos que «hayan firmado cualquier análisis de riesgo» que haya provocado la decisión final del Gobierno de Patxi López.

De dos a uno

La reducción de dos a uno del número de guardaespaldas asignados a cargos públicos ha provocado que una decisión de seguridad se haya convertido en un conflicto laboral. Los representantes de estos trabajadores ven como medio millar de puestos de empleo «están en peligro» por una medida adoptada con «demasiado optimismo». Por esa razón, abandonaron el encuentro con «incertidumbre» y cierto grado de «decepción». «Los escoltas esperábamos un poco más de aquellos a los que hemos custodiado y por los que muchas veces nos hemos jugado la vida», afirmó Fontenla.

Una vez termine la violencia etarra, los escoltas privados proponen hacerse cargo de los servicios de vigilancia que ahora presta la Ertzaintza, principalmente altos cargos de la administración. También plantearon la posibilidad de ocuparse de la protección de las víctimas de la violencia machista en una comunidad autónoma «pionera» en este ámbito. En el País Vasco actualmente 54 mujeres víctimas de malos tratos llevan guardaespaldas ante la amenaza de sus exparejas.