El PP anuncia mano dura con los gobiernos que «dejen facturas en los cajones»

Mariano Rajoy comienza a desgranar cómo serán sus primeros cien días de gobierno, en un claro ejemplo de que se siente cada vez más cerca de la Moncloa, aunque aún resten casi dos meses para que se celebren las elecciones generales. Sus primeros pasos irán encaminados a solucionar la «emergencia nacional» del desempleo. Para ello quiere trazar un «círculo virtuoso» en la economía española que comenzará con unas administraciones austeras y eficaces que, lejos de convertirse en un lastre financiero para el conjunto de la sociedad (por su necesidad de acaparar la mayor parte de los créditos que conceden en la actualidad bancos y cajas de ahorros), actúen como una especie de trampolín a los emprendedores para la creación de puestos de trabajo.

Una de las medidas más novedosas que anunció ayer en Zaragoza fue el endurecimiento de las responsabilidades para aquellos gestores públicos «que dejen facturas en los cajones» para que las paguen otros. «Mientras las administraciones no sean austeras, nuestra economía no será competitiva», remachó.

El líder del PP quiere volver a marcar el ritmo de la precampaña electoral, tras apaciguar el debate abierto por Esperanza Aguirre sobre la educación e incidir en que el único comunicado que espera de ETA es el de su disolución (respuesta con la que el PP intenta relativizar el anuncio de los presos de la banda).

Por ello, el segundo foro que organiza el PP previo a su convención nacional reafirmó la senda marcada por los nuevos presidentes autonómicos de esta formación: sanear las cuentas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

El PP quiere dejar claro quién es el responsable de la actual situación de crisis financiera: el PSOE, a cuyos dirigentes responsabilizan, incluso, de ocultar la gravedad de la situación al esconder importantes deudas antes de las pasadas elecciones autonómicas de mayo.

Una crítica que ha quedado patente en los últimos meses con exposiciones como la María Dolores de Cospedal, que aseguró que su gobierno se ha encontrado en Castilla-La Mancha una deuda no contabilizada de 1.742 millones de euros en servicios y suministros impagados a proveedores por la anterior administración, dirigida por el socialista José María Barreda. El extremeño José Antonio Monago también ha hecho descubrimientos similares y asevera que la deuda total de esta comunidad asciende a 2.600 millones de euros, en vez de los 1.700 millones que declaró el socialista Guillermo Fernández Vara.

La anfitriona del foro, Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, se encuentra en una situación similar, aunque ayer dijo que no quería amargar a nadie con sus penas. «Ya vengo llorada de casa», enfatizó durante su intervención.

Para evitar que se repitan experiencias como estas, que según los populares dañan la credibilidad y la confianza exterior de España, el líder del PP se compromete a «endurecer las responsabilidades exigibles» a aquellos gestores públicos que asuman compromisos de gasto sin el preceptivo respaldo presupuestario. «No se pueden dejar facturas en los cajones sin que nadie responda por ello», recalcó ante el aplauso de los asistentes. Lo hará mediante una nueva ley de Estabilidad Presupuestaria que será menos permisiva con aquellos que adquieran compromisos de gastos sin el receptivo respaldo presupuestario.

Más que una simple reforma de las administraciones públicas, lo que planea Rajoy es una «estrategia de regeneración institucional».

De hecho, el presidente de los populares quiere someter a nuestro modelo de estado a un ambicioso plan de reformas a modo de «puesta a punto» para que sea eficaz en tiempo de crisis.

Rajoy, entre otras medidas, adelantó que también ofrecerá en sus tres primeros meses de mandato un pacto territorial por la austeridad a todas las administraciones, para evitar duplicidades y solapamientos de competencia. Una discusión que quiere entablar en la Conferencia de Presidentes Autonómicos y en la Federación de Municipios y Provincias de España. Dentro de esta iniciativa incluirá «una cartera de servicios comunes» que incluirá educación, sanidad y políticas sociales y que estará vigente en todo el territorio nacional.

En 24 horas

Rajoy prometió que, con su Gobierno, se podrá constituir una empresa en 24 horas. «A la hora de crear empleo no hay tiempo que perder», acotó. . Dentro de este plan para remozar las administraciones otorga un especial valor a los cambios que piensa introducir el PP en la Ley de Subvenciones Públicas. Quiere una norma más exigente para acabar con las ayudas «con nombre propio» que, desde su punto de vista, conceden los gobiernos socialistas.

Otra norma capital será la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y Acceso a la Información con la que quiere recuperar «la ejemplaridad en la vida pública» para que se hable de los políticos en términos de «honradez y servicio público».

Este primer paquete legislativo de la 'era Rajoy' se completaría con una Ley de Unidad de Mercado en colaboración con las Comunidades Autónomas. Su propósito sería poner fin a los obstáculos que dificultan la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional.