La localidad cuenta con un diseminado de más de 18 millones de m2 que podrá legalizarse. :: J. M. A.
Chiclana

La Plataforma suspende a la GMU

La organización que representa a los dueños de casas sin licencias cree que la nulidad del PGOU no debe dejar sin servicios al extrarradio

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Insuficiente. Esa es la calificación que dan desde la Plataforma de Afectados por la Regularización, entidad que aglutina los intereses de los propietarios de viviendas levantadas sin licencia en Chiclana, unas 15.000 casas, a los tres primeros meses del nuevo gobierno municipal al frente de la Gerencia de Urbanismo (GMU).

Desde este colectivo se considera que el movimiento urbanístico es «fundamental» para el desarrollo económico de la localidad. Así, y pese a que el Tribunal Supremo ha declarado ilegal hace unas semanas el actual Plan General de Ordenación, los vecinos consideran que la GMU debe «agilizar la inversión pública pendiente de 33 millones de euros procedente de los fondos de cohesión europeos», que en principio la empresa municipal de Medio Ambiente debía recibir para impulsar la dotación de servicios de agua potable en Pago del Humo y la zona norte (Marquesado).

Según la Plataforma de Afectados, esa inversión «creará puestos de trabajo y solucionarán los problemas, entre otros, de inundaciones a grandes extensiones del extrarradio», explican.

Según los propietarios de viviendas sin licencia, «no hay excusa alguna» para que las Normas Sustantivas, el documento que debe sustituir de manera provisional al PGOU anulado, no incluyan al suelo urbano no consolidado (Áreas de Gestión Básica).

Este documento, que el Ayuntamiento ultima con la Junta de Andalucía, «debe articularse con la LOUA para que puedan otorgarse licencias, tasas y autorizaciones», aseguran los vecinos.

«La provisionalidad de la Normas Sustantivas no tiene que ser un obstáculo para la Gerencia a la hora del desarrollo de este tipo de suelo», insisten.

Desde la Plataforma se considera que el Protocolo firmado con la GMU, al que se sumaron todos los partidos políticos, incluido el PP, «debe ser el documento base para un convenio que incluya las pretensiones de los propietarios».

Eso sí, también aseguran que pese a que es un acuerdo marco, «no es el único procedimiento que puede seguirse, porque hay otras fórmulas de urbanización que en este momento se pueden aplicar».

La Plataforma pide por último «mayor celeridad» a Urbanismo, y que «se deje de mirar hacia otro lado para solucionar el problema de falta de servicios básicos en las zonas de extrarradio».