La saliva delata a un responsable del impuesto revolucionario

Unas gotas de saliva que valen una condena de prisión de hasta cinco años de cárcel. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco procesó hoy al exdirigente del 'aparato financiero' de ETA Zigor Merodio Larraona por un delito de tentativa de extorsión terrorista, al considerar probado que fue él quien hace más de siete años envió una carta de extorsión a un empresario en Madrid.

La prueba de cargo para acusar al 'incauto' Merodio, preso en Francia desde junio de 2006, parece contundente: su ADN apareció en el sello con el que se franqueó la misiva en la que reclamaba el impuesto revolucionario.

Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2004, cuando uno de los responsables de la bodega vallisoletana Vega Sicilia recibió una carta de extorsión de ETA en su domicilio de Madrid. En la misiva, la quinta que recibía el empresario, los terroristas le exigían en euskera y castellano el pago de 97.240 euros, "84.000 en concepto de impuesto revolucionario y el resto, 13.240 euros más, en concepto de interés por falta de pago de cantidades previamente reclamadas y no pagadas a ETA". La banda, asimismo, le advertía que era la "última y definitiva carta", que de no pagar antes de diciembre de 2004 "su persona y todos sus bienes serían objeto operativo de ETA" y que la "única forma de cancelar los operativos armados previstos" era cumplir con el chantaje en el plazo exigido.

Lejos de ceder a la extorsión, Vega Sicilia puso en conocimiento de la policía la misiva. Los agentes del Servicio Central de Innovaciones Tecnológicas consiguieron detectar en el sobre un par de huellas dactilares que no condujeron a nada, pero los especialistas del Laboratorio de Biología de ADN de Policía Científica tuvieron más suerte: sorpresivamente lograron extraer muestras de ADN de la saliva seca con la que se había pegado el sello con el que se había enviado la carta un día antes de su recepción desde Guipúzcoa.

Sin embargo, en 2004 los cotejos de esas muestras dieron negativo. Ningún terrorista de los detenidos hasta ese momento y de los que se tenía su perfil genético correspondía con el del incauto etarra que había pegado el sello con su propia saliva. La investigación llegó a una vía muerta, hasta que el 2 de junio de 2006, Zigor Merodio Larraona y Kiskitza Gil de San Vicente Gurrutxaga fueron detenidos en Burdeos tras saltarse un control.

Torpeza

Merodio, por entonces era integrante del comité ejecutivo de ETA en calidad de jefe del aparato financiero, hombre muy próximo al entonces máximo dirigente militar de la banda, Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', y los agentes españoles sospechaban que podía ser responsable último del cobro del impuesto revolucionario, pero no había pruebas concluyentes.

Un hecho durante la detención hizo encenderse la bombilla a los funcionarios: Merodio, a pesar de su alta responsabilidad en la banda, no pasaba por ser demasiado perspicaz, hasta el punto de que cuando fue arrestado, junto con una pistola de marca Sig Sauer, habitual entre los jefes de ETA, llevaba consigo un EHNA (siglas de Euskal Herriko Nortasun Agiria), el DNI vasco promovido por la izquierda abertzale. El documento, con un foto suya, llevaba su identidad verdadera, lo que permitió su identificación inmediata.

Una ineptitud así -jamás antes se había capturado a un etarra 'liberado' con papeles a su nombre- a alguien en la policía española le recordó la torpeza del etarra que había pegado el sello con su propia saliva. Y se libraron las correspondientes y lentas comisiones rogatorias a Francia para que la justicia gala autorizara la extracción de muestras genéticas del etarra preso en la cárcel de Fresnes. Cuando finalmente las autoridades del país vecino en fechas recientes accedieron a enviar el ADN de Merodio, las sospechas se confirmaron de inmediato y sin género de dudas: Zigor Merodio era el 'dueño' de la saliva.

El magistrado Velasco puso este viernes el punto final a esta larga investigación, procesando a Merodio y expidiendo la Orden Europea de Detención y Entrega contra él, para que Francia le envíe a la Audiencia Nacional cuando cumpla los 22 años a los que está condenado en el país vecino.