Visteon recibe un pedido para producir módulos mal fabricados en China

Las negociaciones del expediente de regulación de Visteon se encuentran en punto muerto. Sin noticias de un inversor que se haga cargo de las instalaciones y la plantilla de El Puerto, el acuerdo entre empresa y trabajadores está aún lejos. Ayer se celebró un nuevo encuentro entre ambas partes sin una solución clara. La discusión se centró en la ampliación del periodo de consulta después de que la Delegación de Empleo solicitara a la multinacional más documentación. El plazo se amplía así hasta el 19 de octubre, según establece la normativa legal.

Los trabajadores preguntaron también a los representantes de Visteon por las gestiones para la venta de la factoría portuense, pero la negociación aún no ha dado su fruto. El presidente del comité, Bartolomé Bruzón (CC OO), resaltó que la consultora contratada por la compañía «puso un anuncio en el diario económico 'Expansión' al que solo ha contestado un interesado y además quieren tantear a otras 169 empresas, pero el proceso sigue abierto».

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El precio estimado de Cádiz Electrónica es de 16 millones, que incluyen la planta y la maquinaria, pero no las patentes, según informó la compañía al comité. Los acercamientos se están haciendo con clientes de Visteon y otras empresas del sector, pero parece que hay pocas posibilidades dentro del ámbito de la automoción, que no vive sus mejores momentos.

El proceso sigue abierto y será en las próximas reunión, prevista para el miércoles, cuando se amplíe la información sobre las gestiones. Bruzón resaltó que el expediente sigue su curso. Poco antes del encuentro con la compañía, el comité fue convocado también por la Inspección de Trabajo que le ha requerido más información. También ha solicitado un informe similar a la empresa, a la que ha sancionado con 150.000 euros por no dar trabajo efectivo a la plantilla tras el anuncio del cierre. Precisamente, Visteon recurrió esta multa -la mayor que se puede imponer por ese motivo- el pasado julio, nada más conocer la resolución.

La firma de automoción les entregó también ayer un documento que refleja el modo en el que se llevaría a cabo la cesión de los activos. Este es uno de los aspectos incluidos en el plan social presentado por la empresa a los trabajadores tras anunciar el cierre. Entre los requisitos que reconoce, aparece la obligación de constituir una sociedad limitada por parte de los trabajadores, una cuestión que la plantilla estudiará con su equipo jurídico los próximos días.

El periodo de consulta del expediente continuará hasta el próximo 19 de octubre si la autoridad laboral no detecta un nuevo defecto en la documentación. Tras ese tiempo el delegado provincial de Empleo cuenta con otros 15 días más para emitir su dictamen, con lo que proceso seguirá vivo hasta el 3 de noviembre. Eso vuelve a truncar los planes de la multinacional que quiere cerrar definitivamente la planta portuense a finales de octubre.