Una victoria 'histórica' para los españoles

Ayer noche recibí, de madrugada, la noticia de que el Undécimo Tribunal de Apelaciones de la Corte de Atlanta (EE UU) ha fallado a favor de la devolución del tesoro de las Mercedes a España que es a quien realmente le corresponde salvaguardar el ingente patrimonio subacuático español que albergan los fondos marinos de todo el mundo. Y lo celebro por varios motivos. En primer lugar, mi ilustre antepasado, el marino General Diego de Alvear, ya se preocupó -en vano-, en su periodo de confinamiento forzado en Inglaterra, de que se les devolvería al resto de descendientes de aquellos que murieron en la lamentable batalla naval del Cabo de Santa María todas sus pertenencias e indemnizaran de igual forma que el Almirantazgo inglés hizo con él. A don Diego, ya saben, se le devolvió la mitad de la fortuna que perdió en el ataque naval, quizás por la perdida de su mujer y siete de sus ocho hijos en tal vil ataque que conmocionó a la sociedad londinense de entonces. No pudo ser, pero me enorgullezco por su amplitud de miras y generosidad a la hora de luchar, una vez más en su larga vida, a favor de los intereses de la Corona española y de los españoles.

En segundo lugar, me alegra este fallo por ser un reconocimiento a la labor desplegada, tanto por parte del departamento de Cultura del Gobierno de nuestro país como por la Armada española, en la persona del almirante Gonzalo Rodríguez González-Aller, director de los Archivos de Historia de la Armada, que han trabajado con eficacia e inteligencia para alcanzar la victoria de hoy. Celebro enormemente que el tribunal de apelaciones haya basado su argumento principal en un tratado firmado entre nuestro país y Estados Unidos, data de 1902, en el que se garantiza la propiedad española de la carga, no solo por tratarse de un buque bajo bandera española, sino por contemplarse, en su artículo X, un recíproco compromiso entre ambos países para proteger y otorgar inmunidad a los buques hundidos de cada país en ciertos casos.

A su vez celebro que el fallo dé la razón al Estado español en este largo litigio, se remonta a abril de 2007, por el simple hecho de que los descendientes no somos propietarios de la carga del buque, muy a pesar de las estratagemas de Odyssey, sino que los derechos de propiedad corresponden a nuestro país. La razón es sencilla. En diciembre de 1869 se emitía una instrucción que regulaba las caducidades de las reclamaciones de aquellas víctimas que debían de ser indemnizadas por el apresamiento de buques de la Real Armada a manos de Inglaterra. Al unirse con Gran Bretaña, y en contra de Napoleón, España se comprometió a resarcir a las víctimas y lo hizo. En 1824, se abrió el plazo para reclamar por los buques apresados por Inglaterra antes de 1808, es decir, veinte años más tarde de la voladura de 'la Mercedes'. El plazo se cerró en 1869 y no todas las víctimas tuvieron la suerte de reunir la documentación necesaria para reclamar sus pertenencias pues en aquella España se aplicaba aquello del 'vuelva usted mañana' de Mariano de Larra.

Por último, me congratula saber que el ingente patrimonio subacuático que yace en el fondo de nuestros mares está protegido gracias, en parte, a episodios como este que hoy nos ocupa. El expolio de 'las Mercedes' por parte de estos 'piratas del siglo XXI' sirvió de acicate para que el Estado español se adheriese en enero de 2009 al Convenio sobre la Protección del Patrimonio Subacuático, tratado auspiciado por la Unesco, y se comprometiera a defender con más ahínco el patrimonio del fondo de los mares.

A su vez, este episodio que arrancó aquella mañana del 4 del octubre de 1804 enfrente de las costas del Algarve portugués nos debe de hacer pensar que nuestro patrimonio subacuático está ya protegido de empresas como Odyssey Marine Exploration, que cotiza en el Nasdaq neoyorquino y que lo único que busca es obtener beneficio económico a coste de 'comercializar' con la historia no solo de nuestros antepasados sino de nuestro país. Esta sentencia es, por tanto, una señal al mundo de que los españoles nos sentimos orgullosos de nuestro pasado y de que nadie -ninguna corporación multinacional- tiene el derecho de profanar las tumbas de nuestros antepasados. Esta victoria es, por tanto, una victoria de todos los españoles.