Falta de pruebas

La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de revocar por unanimidad el auto de procesamiento del 'caso Faisán' devuelve el sumario al juez Ruz que deberá identificar con pruebas fehacientes a la persona o personas que procedieron a informar a los integrantes del aparato de extorsión de ETA de su inminente detención. El hecho de que la propia sala conceda verosimilitud a la existencia del delito, aun obviando que pudiera tratarse de «colaboración con banda armada» o de «revelación de secretos», da por supuesto un enredo protagonizado por responsables policiales que probablemente se dispusieron a evitar, aquel 4 de mayo de 2006, la más mínima interferencia en el incipiente 'proceso' surgido tras la declaración de tregua de ETA, si acaso contando o creyendo contar con indicaciones gubernamentales en ese mismo sentido. Es inevitable que el 'caso Faisán' ensombrezca la gestión de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio de Interior, puesto que su reiterado argumento de que todos los implicados fueron puestos a disposición de la Justicia no es suficiente para desmentir el chivatazo que la Audiencia Nacional tiende a dar por hecho. Pero una vez que esa sombra ya ha quedado en el debe del exministro Rubalcaba a la espera de que la investigación judicial y un eventual juicio depuren las responsabilidades del caso, será siempre mejor que la diatriba partidaria no se exceda, en plena campaña electoral, en reyertas que afectarían a los mínimos de unidad que las fuerzas democráticas han de mantener para procurar que el irremisible final de la amenaza terrorista se produzca cuanto antes. La resolución de la Audiencia Nacional constata la carencia de pruebas sobre la autoría del chivatazo. Es conveniente que quienes se sientan concernidos políticamente por dicho auto no extraigan conclusiones partidarias y ventajistas. De modo que ni los responsables del Gobierno se vean exonerados de haber permitido y en su caso propiciado o auspiciado tan deplorable enredo, ni los aspirantes del PP a sucederles al frente del Ejecutivo conviertan la resolución de la Sala presidida por Gómez Bermúdez en un proceso político que señale culpas allá donde los magistrados han requerido más que indicios