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Los trabajadores de Visteon y los exdelphis desplegaron ayer sus pancartas frente a Diputación. :: F. J.
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Diputación exige la revisión de las ayudas millonarias que recibió Visteon

El Gobierno provincial rechaza el cierre de la planta de El Puerto y pide que se investiguen los 10 millones en incentivos

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El primer pleno de la nueva legislatura en Diputación tuvo ayer como protagonistas a los extrabajadores de Delphi y a los afectados por el ERE en la planta de Visteon de El Puerto. Los 31 diputados de la Corporación ocuparon sus asientos en el Salón Regio bajo la presidencia del PP después de dos décadas de mandato socialista. Sin embargo, el debate y el ruido de fondo estaba en la calle. La crisis laboral y sus efectos reinaban en el ambiente de la primera sesión plenaria. Un fuerte cordón policial custodió el acceso al edificio y solo permitió la entrada a una representación de los concentrados que se encontraban frente a la puerta del inmueble.

Los manifestantes pedían a gritos una garantía de futuro tanto para los parados de Delphi como para Visteon. En el interior del antiguo Palacio de la Aduana se votaba una declaración institucional conjunta de todos los partidos políticos en favor del mantenimiento de la actividad industrial en la planta portuense de Visteon. El presidente de Diputación, José Loaiza, leyó una declaración en apoyo de la plantilla, que fue suscrita por todos los grupos políticos representados en la Corporación. El Pleno de Diputación consideró que en Visteon se reproduce una clara «deslocalización hacia terceros países con mano de obra más barata». Una maniobra «inaceptable», según expresó Loaiza a tenor de la excelencia tecnológica y los resultados alcanzados por la fábrica portuense.

De esta forma, la declaración institucional rechazó al cierre patronal ejecutado por la empresa matriz, al tiempo que destacó el máximo apoyo a las «justas reivindicaciones» de los trabajadores. Igualmente, insistió en la necesidad de que la Junta y el Gobierno de la Nación trabajen para garantizar el mantenimiento del empleo y eviten el cierre, a la vez que intensifiquen la defensa del tejido industrial de la Bahía de Cádiz. La declaración concluyó reclamando una revisión de las condiciones que motivaron la concesión de ayudas públicas a favor de Visteon. Se trata de incentivos que han sido cifrados en más de 10 millones de euros, entre aportaciones del Gobierno central y de la Junta de Andalucía.

Minutos antes de esta declaración institucional, el presidente de la Diputación, el popular José Loaiza, mantuvo un breve encuentro con representantes del colectivo de Delphi que aún no ha logrado una salida laboral tras el cierre de esta fábrica de automoción en febrero de 2007. Loaiza les garantizó el respaldo de Diputación.

A nivel político los exoperarios de Delphi solicitaron la mediación de Loaiza para que les concierte una reunión con Mariano Rajoy y Javier Arenas.

Por lo que respecta al pleno, el PP hizo valer ayer su mayoría absoluta en los puntos más conflictivos del orden del día. Así, llevó una propuesta contraria al decreto de la Junta en la que declara incompatibles el ejercicio de los cargos de alcaldes y presidentes de diputaciones con el de parlamentario. La iniciativa popular se quedó sola, ya que el PSOE, avaló la máxima de «un cargo, una responsabilidad», al tiempo que su portavoz en el Salón Regio, el socialista Federico Pérez Peralta, le recordó a los populares como su líder andaluz, Javier Arenas, fue partidario en un tiempo de esta iniciativa. Peralta lamentó que el PP gaditano parezca 'cospedálico' «por su interés en aglutinar cargos».

La portavoz del PP, Mercedes Colombo, entró de lleno a las palabras y le contestó que el mejor ejemplo de aglutinar cargos son «los cuatro alcaldes del PSOE que están sentados en la Diputación». Los representantes de IU, Foro Ciudadano y PA se alinearon también en la tesis socialista de que «un cargo, una responsabilidad» advirtiendo que ser alcalde en la Diputación no tiene nada que ver con compatibilizar un cargo en el Parlamento.