El Gobierno sostiene que Sortu debe seguir siendo ilegal si no condena a ETA

Ni «desvinculación» ni «separación» ni «contraposición», Sortu sigue vinculada a ETA. Y «mientras ETA exista, esté armada y la izquierda abertzale no rompa con la banda de una manera incontrovertiblemente real, no podrá ser un actor político normal, equiparable a otros partidos». La Abogacía del Estado pidió ayer al Constitucional que mantenga en la ilegalidad a la formación abertzale mientras siga sin condenar a la banda, «sin pedir su disolución», sin hacer un «rechazo expreso de la violencia etarra» y sin romper amarras con los terroristas.

La Fiscalía usará casi idénticos argumentos en el escrito que presentará este martes para pedir a la corte que rechace el recurso de amparo de Sortu contra la decisión del Tribunal Supremo el pasado 24 de marzo de prohibir su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.

En su alegato, el Gobierno, como ya hiciera ante el Supremo, insiste en que Sortu no puede «colarse» en la política porque la izquierda abertzale y ETA no han roto. «Más bien lo que parece (es que el partido y la banda se dedican a hacer) una interpretación a dos coros del mismo motivo melódico sin demasiada desarmonía al principio y plena armonía al final», llegan a afirmar los servicios jurídicos del Estado.

Los letrados del Ministerio de Justicia argumentan que, tras el «cotejo» de los pronunciamientos y posiciones de la izquierda abertzale y de la banda terrorista en estos últimos meses, han llegado a la conclusión de que no hay «separación» entre unos y otros porque, en realidad, las dos partes «interpretan a cuatro manos la misma pieza».

La Abogacía del Estado da especialmente importancia a los silencios de Sortu para demostrar que el partido 'no nato' no ha roto con los terroristas. En particular, reprocha a la formación que no haya criticado a la banda cuando en sus comunicados, como el del pasado julio, repite la consigna de «Jo ta ke independentzia lortu arte (Golpear hasta conseguir la independencia)». La conclusión del Gobierno es tajante: «el que calla cuando debe y puede hablar, en realidad consiente».

Los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia, que aseguran que la decisión del Supremo de cortar el paso a Sortu no lesiona la libertad de asociación en la creación de un partido político, insiste en la «voluntad defraudatoria» de los promotores de la formación, que, insisten, no es más que «un instrumento» de ETA-Batasuna para volver a las instituciones vascas y navarras.

El argumentario de la Abogacía también hace referencia a los estatutos del partido abertzale en los que se criticaba expresamente cualquier tipo de violencia. Reconoce que éstos «son irreprochables desde el punto de vista constitucional», pero afirma que esos «primorosos estatutos no pasan de ser una ficción forjada exclusivamente para lograr fraudulentamente la inscripción en el registro de partidos políticos».