Jenaro Jiménez se enfrenta esta semana a una pena de tres años por supuesta estafa
CÁDIZ.Actualizado:La Audiencia Provincial de Cádiz tiene señalado para mañana una de las vistas orales con más interés mediático tras el parón veraniego en los juzgados. El empresario gaditano, Jenaro Jiménez, que simuló su desaparición para huir de las deudas a Paraguay, se sienta en el banquillo, acusado de estafa y falsedad documental. La Fiscalía pide para él tres años y seis meses de cárcel ya que, supuestamente, incluyó a su esposa, «sin su conocimiento ni su consentimiento», como fiadora de la empresa que él dirigía para conseguir de una entidad bancaria una póliza de crédito cuyas amortizaciones no cumplió.
Según el escrito de calificación fiscal, el acusado, que se encontraba casado en régimen de gananciales desde 1996, era partícipe y administrador único de la sociedad unipersonal Jenaro Jiménez S.L., constituida en 2003, bajo la cual negoció la concesión con una entidad bancaria de una póliza de crédito, a favor de su empresa, con una cantidad límite de 30.000 euros.
El acusado, que intervenía en la operación como fiador solidario de la empresa, con el fin de «reforzar su apariencia de solvencia» y lograr que el banco otorgara la póliza de crédito, simuló actuar en nombre de su esposa y la incluyó «sin su conocimiento ni consentimiento», como fiadora personal del titular de la operación crediticia, según sostiene el Ministerio Público.
De esta forma, Jenaro Jiménez provocó que la entidad bancaria aceptara realizar la operación, al estimar que la misma ofrecía suficientes garantías de solvencia y así, retiró el misma día que se le facilitó el crédito la cantidad límite de 30.000 euros. Una operación en la que la mujer quedó obligada, como fiadora, con todo su patrimonio.
En 2008, la entidad bancaria presentó una demanda contra la empresa, contra el acusado y su mujer, reclamando cantidad, aunque ésta presentó un escrito en el que alegaba la ineficacia de su condición de fiadora, al existir una escritura anterior en la que el acusado renunciaba al apoderamiento que ella le había otorgado en 1998.