El Supremo resolverá hoy el conflicto de jurisdicción de las actas de los ERE
MADRID.Actualizado:El Tribunal de Conflictos del Supremo resolverá hoy lunes el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta de Andalucía a raíz de que la juez de Sevilla que investiga el fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) pidiera las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001.
El Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, integrado por el presidente del Supremo, Carlos Dívar, dos magistrados y tres consejeros de Estado, se reunirá hoy para decidir si esas actas son secretas o no, que es el fondo del enfrentamiento jurisdiccional que mantienen la juez instructora y la Junta de Andalucía.
El pasado 8 de julio, la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, elevó al Supremo este conflicto de jurisdicción, como le solicitaba el Gobierno andaluz desde marzo.
En ese mismo auto acordaba, no obstante, «mantener la jurisdicción» de su juzgado e insistía en «requerir» a la Junta «el cumplimiento de la prueba ordenada» al defender su competencia para acceder a todas esas actas.
Investigación
La juez defendía la relevancia del acceso a las actas para la investigación, sobre todo las relativas a las decisiones sobre el fondo que transfirió la Consejería de Empleo al IFA -ahora IDEA- para ayudas a empresas en crisis, pues se investigan «dos hechos claramente diferenciados e interrelacionados entre sí».
Uno es «la trama para incluir en los ERE o en las pólizas» de pago de prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado en esas empresas, «autorizadas por responsables de la Administración a modo de 'fondo de pensiones'» y cuyos beneficiarios eran «designados por motivos de amistad, de relaciones familiares o de pertenencia al PSOE o a determinados sindicatos».
El otro aspecto que se investiga es la figura de transferencia de financiación con cargo al llamado 'fondo de reptiles' que Empleo utilizó para esas ayudas que materializó el IFA -dependiente entonces de la Consejería de Economía-.
Alaya pidió copias de las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001, cuando Empleo y el IFA firmaron ese acuerdo marco, para «averiguar» si el Ejecutivo «adoptó algún acuerdo» al poder conocer dicho déficit o sobre su vigencia, ya que expiraba en 2003, o si de las actas «puede desprenderse alguna actuación delictiva por parte de autoridad o funcionario público».