Blanco sugiere castigar a las autonomías que no graven el patrimonio

José Blanco añadió ayer más confusión al Impuesto de Patrimonio. El portavoz del Gobierno amenazó con dejar de pagar a las comunidades autónomas que renuncien a recaudar ese tributo su parte de la compensación de 2.125 millones de euros que estableció el Ejecutivo central en 2008, cuando acordó su bonificación. La advertencia, dirigida a gobiernos regionales que -como el de Esperanza Aguirre- rechazan resucitar ese gravamen, será difícil de llevar a cabo.

La vicepresidenta Elena Salgado ya dejó claro el jueves que ese resarcimiento está en la ley de financiación autonómica, imposible de reformar a dos meses del 20-N. La comparecencia semanal del portavoz del Ejecutivo para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros provocó más dudas que certidumbres y 'oscureció' aspectos que el día anterior parecían claros. El motivo, que varias de sus afirmaciones sobre el funcionamiento del Impuesto de Patrimonio, con que el Estado espera recaudar 2.160 millones en dos años, contradicen lo anunciado por la ministra de Economía el día anterior.

Blanco se deshizo primero en reproches hacia Mariano Rajoy -y su «amigo rentista»-, y hacia las comunidades del PP que «están suprimiendo profesores en la educación pública» y rechazan subir impuestos a los ricos. Resaltó que algunos ejecutivos territoriales tendrán que explicar por qué piden sacrificios a la mayoría y se niegan a «que quien tiene más pague más».

Fue en este contexto cuando Blanco dictó dos sentencias de cumplimiento más que dudoso. La primera, que «ninguna comunidad autónoma cobrará dos veces por el mismo impuesto» y la segunda, que «no se compensará a las que decidan no aplicarlo». Minutos antes también había declarado que el Impuesto del Patrimonio lo pagarán «el 6%» de los contribuyentes. Poco después, sus colaboradores tuvieron que aclarar que los afectados serán solo el 0,6% de declarantes.

Las advertencias del dirigente socialista son de difícil sustanciación porque van contra la ley. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, aclaró el pasado jueves que puede haber cobro por partida doble. El decreto ley que el Ejecutivo llevará al Congreso reserva a las autonomías las mismas prerrogativas que regían hasta 2008. Salgado explicó que las que estén dispuestas a aplicarlo recibirán su parte de los 1.080 millones de la futura recaudación y mantendrán la compensación que estableció la nueva ley de financiación autonómica, es decir, su parte de los 2.125 millones.