Medida improvisada

El Consejo de Ministros restablecerá hoy el impuesto de patrimonio reformulado para gravar a los contribuyentes que posean más de 700.000 euros netos, incrementando a 300.000 euros el valor exento por vivienda habitual. A nadie se le oculta que tal medida obedece más a las urgencias del guión electoral de Rubalcaba que a un propósito de calado en la revisión impositiva. El hecho de que la vicepresidenta Salgado no confirmara hasta ayer la decisión y las contradicciones que los dirigentes socialistas han evidenciado sobre su alcance demuestran tardanza e improvisación. El argumento de que quien esté en posesión de un patrimonio individual de la cuantía fijada bien puede aportar algo a las arcas públicas suena tan inapelable como demagógico. Porque ello no supone que la recuperación modificada del impuesto, que según Salgado desahogaría las cuentas públicas en 1.080 millones de euros, constituya una medida acertada desde el punto de vista fiscal y económico. Solo que se ha convertido en una iniciativa imposible de discutir en la práctica, que compromete a las comunidades autónomas porque no pueden eludir su aplicación sin menoscabo para sus ingresos, como compromete al Gobierno que salga de las elecciones del 20 de noviembre.