El Gobierno castigará a 90.000 fortunas que superan el millón de euros

Con cuentagotas, el Gobierno sigue desgranando los detalles de la subida de impuestos a «los ricos» que aprobará el Consejo de Ministros mañana. El portavoz del Ejecutivo y ministro de Fomento, José Blanco, desveló ayer que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero estudia recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio para gravar la riqueza de unos 90.000 contribuyentes cuyas fortunas superan el millón de euros. Poco después el candidato del PSOE a presidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, elevó a 200.000 el número de posibles pagadores, aunque no dio más detalles.

El Gobierno desplegó todo su armamento dialéctico con un objetivo en el punto de mira: demostrar que la inmensa mayoría de contribuyentes, que conforman ese abanico de rentas denominado eufemísticamente 'clase media', no se verán afectados por el decreto ley que resucitará el Impuesto sobre el Patrimonio. Y de paso, deslegitimar los argumentos de quienes tachan de injusto este tributo. «Si algunos consideran que los que tienen grandes patrimonios y grandes fortunas no deben de contribuir y es mejor suprimir profesores, como se está haciendo en Castilla-La Mancha, Madrid o Galicia, que lo digan», exigió Blanco en referencia a los ajustes en tres comunidades autónomas gobernadas por el PP.

El portavoz del Ejecutivo detalló que la opción a debate es «establecer un mínimo (exento) de un millón de euros» por contribuyente, pero aclaró que «la cifra no está cerrada». De concretarse, en el caso de un matrimonio casado en régimen de gananciales, los dos cónyuges tendrían que sumar juntos una fortuna de más de dos millones para verse afectados por el tributo. «¿Cuánta gente hay así?», se preguntó Blanco antes de añadir que en España el 70% de los contribuyentes «declaran rentas inferiores a 24.000 euros». «No sé en qué país vivimos cuando hablamos de la clase media», recalcó. En la misma línea, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró en la sesión de control al Gobierno que la reforma solo afectará a los mayores patrimonios, y «no a la clase media».

Deducciones

A falta de conocer los detalles del decreto ley, fuentes del Ministerio de Hacienda recordaron que hasta 2007, cuando el Impuesto sobre el Patrimonio fue bonificado al 100%, la posesión de una determinada fortuna no acarreaba de forma automática el pago. Conforme al viejo modelo, al patrimonio bruto declarado se podían aplicar deducciones cuantiosas antes de calcular la base imponible.

La ley permitía, por ejemplo, descontar el capital pendiente de una deuda hipotecaria (excluidos intereses) y restar el valor de la vivienda habitual hasta 150.000 euros por cónyuge. Después, a esa base imponible había que restarle el mínimo exento para calcular la base liquidable, que es la cuantía final del patrimonio sujeta a gravamen.

Al ser hasta 2007, con carácter general, el mínimo exento de unos 108.200 euros (216.400 euros en el caso de un matrimonio), solo estaba sujeta a gravamen la cuantía que superase esa cantidad. Una vez hechas todas las deducciones resultaba que, por citar algunos ejemplos, a quienes tuvieran una base liquidable de entre 167.129,45 euros y 334.252,88 euros Hacienda les aplicaba un gravamen del 0,3%, que les obligaba a pagar 334,26 euros. Para los contribuyentes con bases liquidables entre 668.499,75 euros y 1.336.999,51 euros el tipo a aplicar era del 0,9%, lo que acarreaba una factura de 2.506,86 euros.

José Blanco apeló de forma velada a la equidad, la solidaridad e incluso al patriotismo para justificar la recuperación de los gravámenes sobre el patrimonio. Explicó que en esta crisis la mayoría de ciudadanos han tenido que hacer grandes «sacrificios» y han visto recortados sus salarios o congeladas sus pensiones. «Por tanto, los que tienen más riqueza, más patrimonio, también tienen que contribuir a (arreglar) la situación del país, porque se benefician también del Estado del bienestar». «No puedo entender que alguien defienda el ajuste para todos menos para los ricos», señaló.