Justicia a examen

La encuesta realizada por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía revela que la percepción de los españoles sobre la administración de Justicia dista mucho de un estado de satisfacción razonable en un ámbito siempre controvertido. En la conformación del parecer ciudadano influyen tanto las experiencias propias o cercanas como la notoriedad pública que alcanza la actuación de las distintas instancias jurisdiccionales, del órgano de gobierno de los jueces y de la propia administración. Pero el hecho de que el 54% de los encuestados considere que el estado de derecho en España se encuentra peor que en los países más avanzados, que ese mismo porcentaje entienda que los medios que el Estado destina a la defensa jurídica de los derechos fundamentales son insuficientes, y que otro 9% llegue a considerarlos «muy insuficientes» ofrece un retrato verdaderamente preocupante de la relación entre ciudadanía y Justicia. Que la mitad de los encuestados opine que los tribunales funcionan muy mal y que una cuarta parte de los mismos haya llegado a la conclusión de que la situación ha empeorado en los últimos tres o cuatro años demuestra un descrédito difícil de atajar sin una acción concertada por parte de los poderes del Estado. Aún más acerada resulta la crítica de los encuestados hacia el Consejo General del Poder Judicial, cuando el 68% señala que sus decisiones obedecen a criterios políticos más que a razones técnicas y profesionales, y cuando nada menos que el 84% opina que necesita una «reforma urgente y profunda». El estudio revela un distanciamiento inquietante de los ciudadanos respecto a la administración de Justicia, especialmente si tenemos en cuenta que, a pesar de todo, los encuestados salvan la honestidad de los jueces, la función que desempeñan los tribunales e incluso su independencia. Es esto último lo que emplaza más directamente al poder ejecutivo y al legislativo, al órgano de gobierno de los jueces y a los propios magistrados a recuperar ese mínimo de confianza que la ciudadanía demanda y requiere como garantía última de su propia seguridad jurídica, de la protección de sus derechos y, en suma, de su necesidad de sentirse partícipes de una convivencia regida por leyes y sentencias de civilidad.