Baleares eliminará los liberados institucionales y las ayudas a los sindicatos

El Gobierno balear, presidido por el popular José Ramón Bauzá, anunció ayer la eliminación de todos los liberados sindicales institucionales de la comunidad autónoma (89 en total), de los créditos horarios que superen los mínimos fijados por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, así como las subvenciones a organizaciones sindicales, denominadas Fondos de Acción Social.

La Dirección General de Función Pública del Gobierno autonómico anunció en un comunicado que estas medidas se aplicarán «de manera inminente» y ya ha informado de ellas a los representantes de los firmantes del acuerdo de Acción Sindical balear de 2006.

De esta forma, se plantea la supresión de todas las licencias relativas a la dispensa de asistencia al trabajo que no tengan su origen en la acumulación de horas. En la práctica, se traduce en la eliminación de la figura del 'liberado sindical institucional' que, tal como recordó la nota de la Administración autonómica, «son los que permite el Govern para su representación institucional en órganos de diálogo».

La comunidad autónoma cuenta con 89 liberados institucionales: 31 en el ámbito sanitario, 34 en Educación y el resto en servicios generales. En paralelo, existe un grupo de 221 liberados por créditos de horas (los que acumulan horas de representación sindical cedidas por sus compañeros) que no se verán afectados por los cambios.

Asimismo, el Gobierno balear también prevé «ajustar el crédito horario atribuido a los miembros electos y a los delegados sindicales en la escala regulada en el Estatuto de los Trabajadores». El conjunto de medidas anunciadas por el Ejecutivo balear incluye, así mismo, la supresión de los Fondos de Acción Sindical, destinados anualmente por la comunidad autónoma a los sindicatos comprendidos en el ámbito de aplicación del acuerdo de 2006. En ese texto, se fija un montante de 205.495 euros en concepto de subvenciones a las organizaciones sindicales.

En concreto, las partidas a eliminar serían de 68.906 euros para los sindicatos con representación en el ámbito funcionarial y de la enseñanza pública no universitaria; 40.610 euros entre las organizaciones sindicales de Servicios Generales de la comunidad; 68.906 euros de las centrales sindicales del ámbito sanitario y estatutario; y 27.073 euros de los sindicatos del área laboral de la administración autonómica. Igualmente, se plantea la eliminación de los locales sindicales para uso exclusivo de cada sección sindical u órgano de representación. La nota oficial señaló que esta medida «ya se está materializando, con la adecuación de un local de 300 metros cuadrados en Palma» y supondrá el «ahorro de 41.000 euros anuales a las arcas públicas en concepto de alquiler de cuatro locales en uso actualmente por parte de UGT, USO, CC OO y CSIF».

El acuerdo del equipo de gobierno balear deberá aprobarse en una próxima reunión del Consell de Govern.