Los partidos estrenan la vuelta al Parlamento con un acuerdo unánime sobre el Guadalquivir

PSOE, PP e Izquierda Unida estrenaron ayer la vuelta al Parlamento tras las vacaciones de verano con un acuerdo unánime a cuenta de las competencias del Guadalquivir, algo inusual en vísperas electorales. Los tres partidos respaldaron la admisión a trámite por la vía de urgencia de la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE para la delegación de competencias a la comunidad autónoma de la gestión de las aguas del río que transcurren por Andalucía.

Pese a la unanimidad final, el debate estuvo lleno de reproches de la oposición al Gobierno de la Junta, impulsora de la norma, y el PP jugó hasta última hora a la intriga con la intención de voto, lo que desconcertó al portavoz socialista, Mario Jiménez, que en su última intervención recriminó a los populares: «Una vez más no han estado a la altura. Han perdido la oportunidad». Pero el recuento de votos por la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, desmintió su percepción: 102 votos a favor de su iniciativa y ninguno en contra.

La sintonía en la admisión de la ley no significa que retornen ipso facto las competencias andaluzas sobre el Guadalquivir transferidas en 2008 y que una sentencia del Tribunal Constitucional y dos del Supremo voltearon la pasada primavera. A la iniciativa andaluza le queda un trámite de tres meses en el Parlamento y para que sea efectiva debe ser refrendada por el Congreso de los Diputados, algo que no será posible hasta pasadas las elecciones generales.

Este hecho marcó el tono del debate. La portavoz del PP, Carolina González Vigo, calificó la iniciativa de «farsa» porque, según dijo, el PSOE ha esperado a que ya no sea posible el trámite en el Congreso en lugar de instar directamente al Gobierno de Rodríguez Zapatero «porque sabía que iba a decir que no». Para el PP, los socialistas empiezan con esta ley «a preparar la oposición al señor Rajoy», dando por sentado que ganará las elecciones y será quién tome la decisión final sobre el río. Mario Jiménez le reclamó después «más respeto con las urnas», pero insistió en que el PP debe pronunciarse sobre si respaldará las competencias andaluzas del río «estén donde estén» tras el 20-N.

De hecho las declaraciones de los populares no dejó claro si la norma contará con el mismo respaldo que ayer cuando se someta a votación final en diciembre. El PP ya ha obtenido del PSOE que el Consejo Consultivo emita un dictamen sobre la constitucionalidad de la proposición de ley, aunque no sea preceptivo. Los tres grupos elevaron esta petición ayer a la Cámara.

Pero este informe no será lo único que condicione el voto del PP en diciembre, cuando, según las encuestas, Rajoy puede estar preparando su traslado a la Moncloa. Javier Arenas avisó ayer de «multitud de enmiendas a la ley» en su trámite. Lo mismo recalcó Carolina González cuando concluyó su alocución: «Aquí estamos, pero mañana tendrán nuestras enmiendas». Una frase, por cierto, que daba una pista sobre el voto del PP ayer, pero que Jiménez no debió captar.

Otro modelo de gestión

El PP reclamará en sus enmiendas un cambio radical del modelo de gestión del agua en Andalucía, que califica de incompetente. Algo en lo que también hizo hincapié Izquierda Unida. Su portavoz, José Antonio Castro, lamentó que el debate sobre el Guadalquivir no se centre en que el 37,8% de la cuenca incumple los objetivos de la directiva marco europea sobre el agua.

Castro criticó que PP y PSOE se encierren en el rifirrafe político y no aborden los problemas de contaminación, la falta de depuración de las aguas que vierten a la cuenca, su dragado para hacerlo navegable o que el plan hidrológico prevea más riego agrícola del actual. Actuaciones todas ellas contrarias a los objetivos ecológicos de la directiva europea. «Gestión andaluza, sí, a tope, pero compatible con una gestión rigurosa y con la directiva europea», remarcó.