La juez Alaya aplaza las declaraciones de dos falsos prejubilados

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta «trama» de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, ha decidido aplazar las declaraciones de cinco prejubilados previstas inicialmente para los próximos días 16 y 19 de septiembre.

Según indicaron fuentes del caso, la juez había llamado a declarar este viernes a Alejandro Millán Torres, oriundo de El Pedroso y prejubilado en un expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) S.A. pese a no haber formado nunca parte de su plantilla, y a Rafael Ruiz García, «amigo» del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Finalmente, estas declaraciones tendrán lugar el próximo día 22 de septiembre.

En este sentido, las mismas fuentes señalaron que la juez ha aplazado hasta el próximo día 29 de septiembre las declaraciones de Rafael Rodríguez, Francisco de Paula Hernández Diánez, y Antonio González Pérez, declaraciones que inicialmente estaban previstas para el próximo día 19 de septiembre. Estas tres personas fueron incluidas en el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto'. Tanto Rafael como Antonio eran antiguos empleados de la fábrica de muebles Promi, ubicada en Cabra (Córdoba).

Próximas comparecencias

Las próximas declaraciones dentro de esta investigación tendrán lugar mañana, cuando la juez Mercedes Alaya ha citado a María del Carmen Fontela, la segunda 'intrusa' descubierta en la trama, y María del Carmen García, propietaria del restaurante sevillano Río Grande, en cuyo expediente de regulación de empleo fue prejubilada precisamente Fontela González pese a no figurar en la plantilla.

La titular del Juzgado indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis.