El PSOE quiere corregir ahora los problemas de la descentralización

Se acabó la descentralización. El PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente, da por definitivamente enterrada la etapa expansiva del Estado de las autonomías. Ahora toca racionalizar el modelo y, en algunos casos, aumentar el papel de la Administración central en el control o la gestión de determinados asuntos. Al menos ese es el espíritu que recorre todo el borrador de la ponencia que servirá de base al futuro programa electoral y que este fin de semana fue remitido a las federaciones del partido para que lo estudien y planteen enmiendas.

La necesidad de meter mano a las deficiencias del Estado autonómico estuvo ya en discusión durante la precampaña de los últimos comicios regionales y locales, pero a la hora de la verdad, los socialistas optaron por aparcar un debate espinoso al que no veían demasiadas ventajas electorales. Solo después del 22 de mayo, cuando ya habían perdido prácticamente todo su poder territorial, decidieron recuperarlo y se atrevieron a lanzar propuestas como la de la supresión o transformación de las diputaciones provinciales.

El texto elaborado para la Conferencia Política que el PSOE celebrará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre recoge esa idea, pero va más allá. Defiende que la «asignatura pendiente» del modelo territorial español es el asentamiento de los principios de lealtad institucional y «responsabilidad mutua» que impregnan las culturas federales. Y aboga por fijar «Estrategias Nacionales» de actuación, siempre a propuesta del Gobierno, que vinculen a todas las comunidades autónomas.

Más competitividad

Los socialistas reconocen en el documento, de manera implícita, que el actual funcionamiento del Estado autonómico lastra el crecimiento económico y pone trabas a la competitividad. Y es en ese ámbito en el que propone actuar. Las citadas 'estrategias' tendrían que discutirse, según la propuesta inicial de la dirección socialista, en la Conferencia de Presidentes o en el Senado, un órgano para el que, esta vez, el PSOE no propone una reforma en firme aunque de pasada asegura querer cambiarlo.

Rubalcaba ya avanzó esta semana que es su intención crear una ley estatal para homogeneizar los trámites a los que tiene que hacer frente en cada autonomía quien quiere constituir una empresa. El borrador de la ponencia remarca que es preciso avanzar en la «efectividad del reconocimiento constitucional del mercado único» e insiste es que es preciso definir un «marco normativo homogéneo» en aquellos ámbitos vinculados con la actividad económica, bien mediante acuerdos entre el Estado y las comunidades, bien mediante una legislación básica.

También recoge el compromiso de unificar el marco regulatorio del sector industrial; reorganizar la inspección de trabajo y de seguridad social, e incluso elaborar «catálogos de derechos y deberes» que definan los servicios comunes que deben ser ofrecidos en todas las autonomías. «Tenemos que derribar barreras territoriales para garantizar la completa movilidad entre los servicios sociales de todo el territorio estatal», apunta.

Aunque no dice cómo pretende lograrlo, los socialistas insisten en el planteamiento de Rubalcaba de que los recursos adicionales que las comunidades reciban el próximo año en aplicación de la reforma del sistema de financiación, 8.000 millones, deben ir destinados a financiar la sanidad.

Quizá la propuesta que más claramente ofrece una voluntad recentralizadora es la de la creación de una agencia de evaluación urbanística de la que formarían parte el Estado y las comunidades autónomas, una de las sugerencias estrella del candidato para poner coto a la corrupción. Y a eso habría que unir su deseo declarado de recuperar para el Estado el impuesto de patrimonio que el Gobierno reactivará el viernes y está cedido a las autonomías.

Los socialistas, en cambio, han optado por no meterse en camisas de once varas con propuestas de reforma constitucional. Ni siquiera explican demasiado su promesa de un cambio en el sistema electoral, más allá de ensalzar el modelo alemán. Donde sí son más prolijos son en su apuesta por una reorganización territorial en el ámbito provincial y local. Proponen primar financieramente desde el Estado a ayuntamientos mancomunados.