El escaño es incompatible con...

El Parlamento andaluz abordará este próximo miércoles en su primera sesión ordinaria del curso político la reforma de varias leyes para mejorar la percepción que los ciudadanos tienen de la actividad política, bastante mala como queda reflejado en las encuestas. La mayoría de las reformas van dirigidas a endurecer el régimen de incompatibilidades de los diputados de la Cámara y de los cargos públicos, pero también hay otras, como la aprobación del llamado 'escaño 110', encaminadas a facilitar el acceso a la Cámara de los ciudadanos mediante iniciativas populares.

Un grupo de trabajo integrado por los tres partidos con representación parlamentaria, PSOE, PP e IU, negoció antes del verano el consenso de las iniciativas, pero las diferencias en unas cuantas, como la incompatibilidad del cargo de diputado con el de alcalde y presidente de diputación que propone el PSOE, hizo imposible que los tres grupos elevaran una misma propuesta. La Cámara debatirá la admisión a trámite por la vía de urgencia de iniciativas de los tres grupos sobre reformas legislativas como la Ley Electoral o la del Reglamento de la Cámara, en el que el PP propone que se limite el mandato de presidente a ocho años. Como quiera que el PSOE cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, está claro que todas las presentadas por este partido, varias fruto del consenso del grupo de trabajo, serán admitidas. No lo serán las del PP e IU, aunque estos grupos no desisten de que en el trámite de las reformas legales puedan incluirse algunas de sus peticiones.

El bloque que presenta el grupo socialista incluye la reforma de la ley Electoral de 1986 para profundizar en la transparencia y plena dedicación de los parlamentarios. Esta ley era ya bastante estricta con las incompatibilidades del cargo y ha sido modificada varias veces, la última en 2005, cuando se incluyó que se hicieran públicos en internet la declaración de bienes y actividades de sus señorías.

Ahora el PSOE propone modificar el artículo 6.2 de la ley para ampliar los casos de incompatibilidad del cargo de diputado con el de alcalde o presidente de diputación provincial. Izquierda Unida aprueba la reforma, pese a que uno de sus alcaldes, el de Marinaleda, es diputado; no así el PP, que la considera una «venganza» por su victoria en las municipales, 16 de sus alcaldes ocupan escaño en la Cámara, entre ellos los de las capitales de Huelva, Jaén, Sevilla y Córdoba.

También propone reformar el artículo 6.4 de la misma ley para establecer la incompatibilidad de percibir cualquier retribución o asignación, pública o privada, al margen de las de parlamentario; y el 6.7 para que incorporen a las declaraciones públicas las relaciones en materia de contratación con todas las Administraciones de sus familiares directos.

Tanto PP como IU apoyarían las dos últimas reformas, pero las consideran insuficientes y proponen ampliarlas. El PP quiere que se incluya la celebración de elecciones separadas y más transparencia de la familia del diputado. IU aspira a que se reforme el sistema electoral para que sus diputados cuesten los mismos votos que los de los partidos mayoritarios.

Todos los partidos respaldan la supresión de los artículos 2 y 3 de la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los expresidentes de la Junta de Andalucía, para que estos dejen de percibir la complementación de pensiones cuando se jubilen. El PP pide que también se modifique el Reglamento de la Cámara y se supriman las cesantías de los diputados cuando estos dejen el escaño.

Los grupos apoyarán la reforma del título y de varios artículos de la ley de 2005 sobre incompatibilidad de altos cargos de la Junta y otros cargos y de su declaración de actividades y bienes, para que se incluya la de sus ingresos y su publicación en el BOJA e internet. La declaración se extenderá a las relaciones en materia de contratación del alto cargo y unidad familiar con todas las administraciones públicas.

El PP pide que se amplíe este régimen de incompatibilidades a los responsables o gerentes de las empresas públicas y se endurezca aún más las incompatibilidades de los familiares de cargos y diputados en sus relaciones económicas con la administración. El PP también requiere que se modifique la ley de organización y funcionamiento de la administración para que los directores generales sean funcionarios o el número de consejerías no exceda de diez.

Todos los partidos, con diferentes matizaciones, defienden la flexibilidad del acceso de los ciudadanos al Parlamento a través de iniciativas populares y de los ayuntamientos. Se propone modificar la ley de 1988 de iniciativa popular para que se reduzcan de 75.000 a 41.000 firmas (el PP pide 40.000) las necesarias para que se eleve a la Cámara una propuesta ciudadana.