Un error de Suvipuerto puede costar el desahucio a varios vecinos

Al menos tres vecinos de la barriada de Los Maestros se enfrentan al posible embargo de sus pisos por un error en la transmisión de venta cometido por Suvipuerto. La empresa municipal de la vivienda, con el objetivo de que estas personas dejasen de ser inquilinos para ser propietarios, inició un procedimiento abierto, un mecanismo de transmisión que aseguraba el que cada inquilino se pudiera hacer con la propiedad de la vivienda que ya disfrutaba, pero que, a la postre, determina no poder aplicar el beneficio fiscal de tipo reducido en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Es por ello que, al no haberse realizado la transmisión de las viviendas como subasta sino mediante procedimiento abierto el Tribunal Económico Administrativo Regional, TEARA, exige aplicar el ITPAJD en su totalidad, sin bonificaciones; y Hacienda reclama sumas de dinero cuyo impago podría derivar en desahucio.

El asunto ya se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los residentes, alrededor de quince, tuvieron conocimiento antes del verano, cuando ya se había realizado la operación, de que la consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía no acepta esas bonificaciones y que por contra les reclama cantidades entre 3.000 y 6.000 euros en materia de impuestos. Unas cuantías que los vecinos, con una situación económica bastante humilde, no pueden asumir como tampoco pueden hacer frente al coste de abogados para defenderse en el TSJA. No obstante, según las fuentes consultadas, si llegado el caso pierden en los tribunales, se podría negociar el pago fraccionado de la deuda, con lo cual podrían conservar sus viviendas. Con todo a algunos vecinos ya les ha llegado orden de desahucio.

Desde Suvipuerto, gestionado por el Partido Andalucista con su concejal y portavoz, Antonio Jesús Ruiz, al frente, prefieren no realizar declaraciones y tan solo aluden a que «prosiguen las conversaciones entre las partes y el Registro de la Propiedad», pero no informan de que el caso ya está en el TSJA. Precisamente fue el titular del Registro de la Propiedad de El Puerto quien se percató del error cuando se efectuó la venta y se negó a dar curso a la operación por su evidente 'mala praxis' en el procedimiento administrativo.

En este punto, el grupo municipal socialista, que tuvo conocimiento del asunto a través de los propietarios, pidió una reunión cuatripartita -vecinos, Suvipuerto, registrador y oposición-, en las que se abordaron posibles soluciones. El concejal socialista David de la Encina aseguró a este medio que Antonio Jesús Ruiz se comprometió a que Suvipuerto redactara un informe que recogiera las especiales condiciones económicas de los vecinos a fin de elevarlo a la Federación de Municipios y Provincias u a otros organismos a fin de comprobar si existen precedentes similares o de promover un cambio en la ley 58/ 2003. Pero según De la Encina, esto no se ha hecho. Los propietarios de este antiguo parque de viviendas ministerial, construido a mediados de los cincuenta para acoger a los maestros destinados en El Puerto, pagaban rentas simbólicas a Suvipuerto que como ente responsable se veía en la obligación de realizar inversiones en el adecentamiento y reparación de los edificios, algunos con serios problemas de estructura.