El Gobierno respalda el modelo lingüístico de Cataluña

El Gobierno no presionará ni lo más mínimo a la Generalitat para que cumpla con lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y adapte el sistema lingüístico en las escuelas a la sentencia del Tribunal Supremo que considera el castellano «lengua vehicular en la enseñanza» en igualdad de condiciones con el catalán. El portavoz del Ejecutivo, José Blanco, insistió ayer en que el modelo en vigor cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y, además, «ha funcionado muy bien como instrumento de integración».

Blanco defendió en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que la polémica generada en torno a este asunto es artificial y responde a intereses partidistas. «Siempre que estamos en un período preelectoral se utiliza la lengua como elemento de confrontación, aunque luego -ironizó en referencia a la famosa frase de José María Aznar- algunos terminen hablando catalán en la intimidad».

El Ejecutivo catalán ya ha aclarado que no dará su brazo a torcer. Su portavoz, Francesc Homs, insistió en un argumento que también empleó ya el ministro de Justicia, Francisco Caamaño: que el Tribunal Superior no tiene competencias para obligar a Cataluña a cambiar una ley bendecida por el máximo garante de la Carta Magna.

La Generalitat alega, además, que la prueba de que se está pretendiendo crear un problema donde no lo hay es que la sentencia del tribunal superior responde a las denuncias de tan solo cinco familias; un porcentaje mínimo, adujo Homs en TVE, si se tiene en cuenta que en Cataluña hay 1,2 millones de niños escolarizados.

El argumento es, a juicio del PP, insuficiente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hizo hincapié en algo que, a su juicio, tanto el Ejecutivo de Cataluña como el Gobierno socialista están perdiendo de vista y es que el auto se refiere a «los derechos de las personas» más que a las bondades o la eficacia del modelo de inmersión lingüística. Un modelo que, como recordó Blanco, nace de una ley de 1983 y es «muy parecido al modelo de normalización del gallego que impulsó Manuel Fraga en Galicia».

Mal consejo

«Incumplir la ley no es el mejor consejo que se puede dar a nadie, y mucho menos a los poderes públicos», subrayó la presidenta madrileña. Aguirre ya tiene experiencia en este debate. En 2008 sorprendió a la Asamblea de Madrid con la promesa de que crearía en un centro educativo donde la lengua vehicular fuera el catalán para que los catalanoparlantes que residen en la comunidad pudieran escoger el tipo de educación que querían para sus hijos. A los pocos meses la propuesta se desinfló por la escasísima demanda existente.

El Gobierno de Zapatero tampoco ha avalado expresamente el incumplimiento del auto, pero Blanco sí calificó de «ruido» la discusión en torno a qué debe hacer la Generalitat de Artur Mas. «Las lenguas son un instrumento de convivencia y comunicación y no -concluyó- de división».