La guerra contra las falsificaciones no termina de disuadir a los padres

Según el último decreto que aprobó Educación a principios de este año, y que comenzó a aplicarse el pasado 1 de marzo para el proceso de matriculación, la administración penalizará más a las familias que falseen datos para conseguir la plaza escolar en el centro deseado. Según este último decreto, la administración andaluza restará todos los puntos a quienes falsifiquen datos quitando todos los puntos a los que en teoría tuviera derecho el solicitante. Pero además incluía el endurecimiento del proceso al poder pasar directamente a la Fiscalía los datos de los padres que falsearan algún documento, como el empadronamiento. En estos días se supo que la Delegación Provincial de Educación iba a pasar a la Fiscalía los nombres de 22 casos en los que había detectado un posible fraude (20 en Salesianos y dos en San Felipe Neri). Pero en la provincia son muchos más. Según fuentes de Educación, el endurecimiento de la norma no ha calado como se esperaba en la conciencia de los padres que falsean datos y, a falta de tener datos exactos, apuntaron que esperan que las cifras sean bastante parecidas a la de años anteriores. En 2010, Educación investigó 300 solicitudes de padres de alumnos.

Desde la administración educativa quisieron explicar ayer que aunque el nuevo decreto ofrece esa posibilidad de derivar la investigación a la Fiscalía, y reconociendo que solo en la capital hay 22 casos, aún no han decidido cuáles serán tramitados finalmente. La redacción de este periódico pudo conseguir una resolución de la Delegación Provincial de Educación en la que se afirma que se dará traslado a once expedientes del colegio Salesianos San Ignacio de la capital gaditana.