Zapatero y Rajoy ningunean el debate final de la reforma de la Constitución

Ni José Luis Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy se tomaron la molestia de dar empaque con su presencia en el Senado a la aprobación definitiva de la polémica reforma que convertirá en norma constitucional el principio de estabilidad presupuestaria. La Cámara Alta avaló ayer en un debate reiterativo, y casi clonado del que ya vivió el pleno del Congreso el viernes pasado, el excepcional acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno y el líder de la oposición con el objetivo de dar confianza a los nerviosos mercados. Fueron 233 votos a favor, los de PSOE, PP y UPN, frente tres en contra. Casi un trámite.

Que la sesión no depararía grandes sorpresas era sabido de antemano. Rara vez el Senado, una institución que lleva años pendiente de revisión, altera las decisiones del Congreso. Sin embargo, se esperaba que Zapatero hiciera un gesto para remarcar la importancia de un momento que la propia portavoz de su partido, Carmela Silva, calificó de «solemne». Era una expectativa fundada. No solo su presencia había sido anunciada en la agenda del Gobierno sino que en otras ocasiones de importancia histórica similar, o menor, el jefe del Ejecutivo se desplazó hasta la misma cámara e incluso intervino en el debate. Ocurrió en la aprobación final del Estatuto de Cataluña, pero también en la de otros textos estatutarios como el extremeño este mismo año.

Abandonos

De nuevo, como ya ocurrió el viernes, tuvieron que ser los portavoces parlamentarios de los dos principales partidos quienes defendieran a capa y espada frente al resto de los grupos el acuerdo sellado por sus líderes. Ni CiU ni el PNV ni Iniciativa per Catalunya votaron el texto; Coalición Canaria y Foro Asturias lo hicieron en contra y los senadores de ERC y BNG abandonaron el hemiciclo llegado el momento de pulsar el botón.

Ahora, se abre un plazo de quince días, que concluirá el 22 de septiembre, para que los que defienden que esta reforma debe ser sometida a referéndum intenten recabar el apoyo suficiente -26 senadores o 35 diputados- para su convocatoria. Pero la tarea parece complicada. La fuerza de los dos grandes resulta difícil de sortear.

La portavoz socialista, Carmela Silva, y el popular, Pío García Escudero, negaron que se haya producido «imposición» alguna al resto de los grupos y alegaron que se intentó hasta el final ampliar el consenso. «Pero no podemos esperar más -defendió Silva-, un referéndum inutilizaría la medida, la retrasaría y nos llevaría a un escenario peligroso».

No hubo ni un solo cambio de posición. Los nacionalistas vascos y catalanes insistieron en su respaldo al equilibrio presupuestario como principio básico de actuación de las administraciones públicas, pero ambos defendieron que la Constitución no tiene por qué recogerlo y coincidieron en que el recién aprobado artículo 135 coarta la autonomía financiera y política de los territorios.

También en la izquierda se repitió el argumento de que la reforma es «socialmente regresiva y centralizadora», en palabras del dirigente de ICV, Joan Saura, y se arguyó que no sirve para el fin que supuestamente persigue, que es calmar a los mercados, porque lo que les tiene inquietos no es la deuda sino la falta de crecimiento económico. Debate largo, pero ya oído.