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La Fiscalía recurre el archivo de la causa contra Luis Bárcenas

Tilda el sobreseimiento de «sorprendente» ante las «contundentes y múltiples» pruebas existentes contra el extesorero del PP

MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID.Actualizado:

«Sorprende», «prematuro», «extemporáneo», «improcedente», «injustificado». La Fiscalía es tajante y está convencida de que no cabe archivar la causa contra el extesorero del PP Luis Bárcenas porque los «indicios» delictivos del exsenador en el 'caso Gürtel' son «múltiples y contundentes». La Fiscalía insiste en que hay pruebas sólidas de que Bárcenas recibió casi un millón de euros de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa por lo que no entiende en modo alguno la decisión del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira de dar carpetazo a la investigación, máxime cuando el instructor ni siquiera ha esperado a recibir los informes finales de Hacienda sobre el imputado que él mismo solicitó.

En su recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el archivo rebate una a una las argumentaciones que Pedreira usó para sobreseer las acusaciones. La investigación, sostiene la Fiscalía, no ha terminado, los supuestos delitos fiscales no han prescrito, la defraudación es más que suficiente para ser un ilícito penal, hay pruebas suficientes sobre los sobornos para acusar de cohecho, hubo blanqueo y son numerosos los documentos que relacionan las iniciales L y LB con Bárcenas en los libros de contabilidad.

La Fiscalía recuerda a Pedreira que el sobreseimiento antes de acabar la investigación, según la jurisprudencia, es una medida «excepcional» y en los últimos meses no ha habido ningún hecho que justifique es excepción. Es más, Anticorrupción denuncia la premura de la decisión cuando el juez ni ha recibido los informes de Hacienda y de las autoridades suizas que él mismo reclamó sobre los movimientos de capitales bajo sospecha de extesorero y su mujer, Rosalía Iglesias. El instructor, según el escrito, «no ha motivado en absoluto la pérdida de utilidad de esas diligencias».

Anticorrupción asimismo considera «incorrecto» tomar una «decisión extremadamente relevante» como el archivo por parte de un juez que «ha perdido la competencia», al no haber aforados entre los imputados. A falta de que la resolución sea firme, el 'caso Gürtel' volverá en breve a la Audiencia Nacional, por lo que la «cascada de sobreseimientos» decretada por Pedreira es «improcedente e injustificada».

En lo que se refiere al delito fiscal, el Ministerio Público dice no entender cómo el juez obvia los documentos de la trama corrupta que revelan que en 2002 Correa habría entregado a Bárcenas más de 459.000 euros y en 2003 más de 515.000. Unas cantidades «que no habrían sido declaradas» y que superan con mucho el «umbral legal» de los 120.000 euros, el mínimo para acusar de delito fiscal.

No prescritos

Además, según la Fiscalía, esos ilícitos en modo alguno habrían prescrito el 1 de julio de 2009, como sostiene Pedreira, porque en junio de ese año las denuncias ante el Supremo rompieron esa prescripción.

Anticorrupción también entra de lleno en el asunto de las siglas. Tilda de «sorprendente» el «cambio de postura» del juez que en 2009, cuando se inhibió a favor del Supremo, no tenía dudas de que había indicios de que las famosas iniciales y expresiones «L», «LB» y «Luis el Cabrón» podían corresponder al exsenador por Cantabria. El escrito recuerda que el alto tribunal también consideró que había pruebas de que tras esas letras se escondía el contable del PP. El recurso incide en que la investigación ha demostrado que en los libros de contabilidad de la trama se «usaban indistintamente» las iniciales para referirse al imputado y que hay apuntes en los que se lee textualmente «L. Bárcenas».

Tampoco comparte la Fiscalía la tesis de Pedreira de que no hay pruebas para sentar al extesorero en el banquillo por cohecho porque no era funcionario público cuando supuestamente recibió en 2007 cerca de 72.000 de manos de Correa. Anticorrupción recuerda el reciente fallo del Supremo sobre el caso de Ricardo Costa, al que el alto tribunal ordenó procesar por entender que para incurrir en ese ilícito no hace falta ser una autoridad, sino que basta aceptar dádivas en función del puesto que ocupe.